El alto tribunal determinó que la Jurisdicción Especial para la Paz se extralimitó al crear reglas que no estaban contempladas en la ley ni en la Constitución. La decisión marca un precedente sobre el alcance de sus funciones y reabre el debate sobre la seguridad jurídica en el sistema de justicia transicional.

La reciente decisión de la Corte Constitucional de tumbar tres reglas aplicadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encendió nuevamente el debate sobre los límites de este tribunal y su papel dentro del sistema de justicia transicional.

El fallo, que fija un precedente sobre el alcance de sus competencias, fue analizado por Andrés Usuga, exdecano de Derecho y experto en justicia transicional, quien advierte una extralimitación de funciones por parte de la jurisdicción.

Usuga explicó que la JEP, creada tras el acuerdo de paz firmado en La Habana, empezó a desarrollar reglas propias a través de su jurisprudencia. Sin embargo, señaló que en algunos casos esas interpretaciones fueron más allá de lo permitido.

“La JEP no solo estaba interpretando normas, sino que terminó creando reglas nuevas, como si reemplazara al Congreso, algo que claramente no le corresponde”, afirmó.

El origen del choque

Según el experto, las reglas tumbadas tienen que ver con tres aspectos clave: la ampliación del juzgamiento a mandos medios, la obligación generalizada de indemnizar a las víctimas y la posibilidad de incluir a una misma persona en varios macrocasos.

Estas disposiciones no estaban contempladas ni en los actos legislativos que dieron origen al sistema ni en las leyes que lo reglamentaron. Por ello, figuras como Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo demandaron dichas prácticas ante la Corte Constitucional.

“El argumento central fue claro: si esas reglas no fueron pactadas en el Acuerdo de La Habana ni aprobadas por el Congreso, la JEP no podía ampliarlas por su cuenta bajo el argumento de interpretar la ley”, explicó Usuga. En ese sentido, la Corte, en decisión liderada por la magistrada Natalia Ángel Cabo, “marcó la cancha” y limitó el margen de acción de la jurisdicción.

Seguridad jurídica en debate

Para Usuga, el fallo podría tener efectos positivos en términos de seguridad jurídica, especialmente para quienes han comparecido ante la JEP.

A su juicio, existía una percepción de trato desigual, particularmente frente a sectores como militares y empresarios.

“La seguridad jurídica ya estaba comprometida, porque en muchos casos se invierte la presunción de inocencia. Pero esta decisión puede generar mayor equilibrio jurídico y evitar interpretaciones que desborden lo que dice la ley”, aseguró.

El experto también advirtió sobre el riesgo de que los tribunales, incluida la propia Corte Constitucional, caigan en prácticas similares al extender el alcance de sus decisiones más allá de lo establecido en las normas.

Impacto en víctimas y futuro de la JEP

Frente a los efectos del fallo sobre las víctimas, Usuga planteó que respetar el debido proceso también contribuye a garantizar verdad, justicia y reparación. Desde su perspectiva, el equilibrio jurídico es clave para que los comparecientes colaboren efectivamente.

“Si quienes están siendo procesados sienten que se respetan sus derechos, es más probable que aporten verdad. De lo contrario, lo que se genera es ocultamiento y desconfianza”, señaló, al tiempo que defendió la necesidad de mantener un marco legal claro.

Finalmente, el experto cuestionó la legitimidad actual de la JEP y su proyección a futuro. Aseguró que factores como la lentitud en los fallos y la persistencia del conflicto han debilitado su credibilidad.

“Aunque es una jurisdicción importante, creo que ha perdido legitimidad. Sin embargo, decisiones como esta pueden ayudar a que funcione mejor en el tiempo que le queda, sobre todo en la obtención de verdad, que es uno de sus objetivos principales”, concluyó.