La Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de detención domiciliaria de la representante y confirmó el llamado a juicio contra varios congresistas vinculados al proceso. El caso salpicó a dirigentes políticos y exfuncionarios señalados de direccionar contratos y recursos públicos a cambio de apoyos legislativos al Gobierno.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió mantener privada de la libertad a la representante a la Cámara Karen Astrith Manrique Olarte, quien continuará recluida en una guarnición militar en Malambo, Atlántico, mientras avanza el proceso judicial por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El alto tribunal negó la solicitud de prisión domiciliaria presentada por la congresista y, al mismo tiempo, dejó en firme el llamado a juicio contra otros legisladores y exfuncionarios señalados de participar en una presunta red de corrupción que habría utilizado contratos públicos para asegurar respaldo político a proyectos del Gobierno en el Congreso.

Así operaba el entramado

El caso de la UNGRD estalló inicialmente por las irregularidades en la compra de carrotanques para La Guajira, pero posteriormente las investigaciones revelaron un esquema mucho más amplio relacionado con el presunto pago de favores políticos mediante contratos y recursos públicos.

Según declaraciones entregadas por el exdirector de la entidad, Olmedo López, y por el exsubdirector Sneyder Pinilla, desde la UNGRD se habrían direccionado millonarios contratos para beneficiar a congresistas a cambio de apoyo a las reformas impulsadas por el Ejecutivo en el Capitolio.

La Fiscalía sostiene que varios funcionarios del Gobierno y congresistas habrían coordinado reuniones para definir qué proyectos serían asignados y cuáles legisladores resultarían favorecidos.

Dentro de ese esquema aparecieron mencionados los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, señalados de recibir dinero en efectivo para respaldar iniciativas oficiales.

En el caso de Karen Manrique, las investigaciones apuntan a que habría actuado como enlace político en la asignación de contratos por más de 92 mil millones de pesos destinados a municipios de Arauca y otras regiones del país.

De acuerdo con los testimonios recopilados, la representante habría participado en reuniones en las que se definían proyectos y contratistas vinculados a la UNGRD.

Incluso, el expediente menciona anotaciones halladas en una libreta atribuida a Olmedo López, en las que aparecerían municipios y obras presuntamente relacionadas con congresistas beneficiados por el direccionamiento contractual.

Congresistas a juicio

Además de Karen Manrique, la Corte Suprema dejó en firme el llamado a juicio contra los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla; Juan Pablo Gallo Maya; Wadith Alberto Manzur Imbett; Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.

La investigación judicial busca establecer si los implicados incurrieron en delitos relacionados con cohecho impropio y tráfico de influencias dentro del esquema de contratación irregular.

Para la Corte, existen elementos suficientes para que respondan ante la Sala Especial de Primera Instancia.

El proceso también alcanzó a exfuncionarios del Gobierno nacional. La Fiscalía llamó a juicio a los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, señalados de haber participado en la presunta asignación de recursos públicos para garantizar mayorías legislativas.

Ambos han negado las acusaciones y aseguran que “no ordenaron desviar recursos” para favorecer congresistas.

Sigue la investigación

La Corte Suprema argumentó que la medida de aseguramiento contra Karen Manrique debía mantenerse debido a la gravedad de los hechos investigados y a la posible influencia política de algunos de los implicados.

Mientras tanto, el escándalo continúa creciendo y es considerado uno de los casos de corrupción más delicados que ha enfrentado el actual Gobierno, debido a las denuncias sobre el uso de entidades estatales para obtener apoyos políticos y asegurar el trámite de reformas en el Congreso.