La Superintendencia de Salud ordenó una nueva intervención a la Nueva EPS por fallas financieras y en la atención. La decisión, que se extenderá por un año, refuerza el debate sobre la crisis del sistema de salud en Colombia, mientras la Procuraduría advierte que “el sistema no está funcionando”.

El Gobierno nacional, a través de la Superintendencia Nacional de Salud, ordenó una nueva toma de posesión e intervención forzosa administrativa sobre la Nueva EPS, mediante resolución expedida el pasado 10 de abril de 2026.

La medida, que tendrá una duración inicial de un año, responde a un panorama crítico marcado por problemas financieros, fallas operativas y múltiples quejas en la atención a los usuarios. Según lo informado por las autoridades, el objetivo es mantener el control estatal de la entidad mientras se evalúa su viabilidad y se implementan acciones para evitar su eventual liquidación.

El nuevo agente interventor, Jorge Iván Ospina, aseguró que el reto inmediato será estabilizar la EPS. En declaraciones recogidas en varios medios, señaló que “sanear la Nueva EPS y capitalizarla será clave para evitar su liquidación”, dejando claro que la entidad enfrenta una situación compleja.

Fallas en atención y presión financiera

La intervención no es un hecho aislado. La Nueva EPS ha acumulado durante años problemas relacionados con la prestación del servicio, incluyendo demoras en citas médicas, dificultades en la entrega de medicamentos y deudas con hospitales y clínicas. Estas fallas han afectado a millones de usuarios, muchos de los cuales han denunciado barreras de acceso al sistema, especialmente en tratamientos especializados.

El deterioro financiero de la entidad también ha sido un factor determinante. La acumulación de pasivos y la falta de liquidez han puesto en riesgo la continuidad de la prestación de servicios, obligando a la intervención estatal como medida de contención.

Ana María Vesga, presidenta de ACEMI, alertó sobre la crisis de Nueva EPS, que amenaza la prestación de servicios y afecta a proveedores y otras EPS por el traslado masivo de afiliados ante el riesgo de liquidación.

Exige al Gobierno claridad sobre la situación y un plan… pic.twitter.com/OQvTKi5ZHR

— La Hora de La Verdad (@Horadelaverdad) April 8, 2026

Procuraduría lanza advertencia

En medio de este panorama, la Procuraduría General de la Nación emitió un fuerte pronunciamiento sobre la situación del sistema de salud. El organismo de control advirtió que “El sistema no está funcionando”, al referirse a las EPS intervenidas por el Gobierno y a las dificultades que enfrentan los usuarios para acceder a los servicios.

Además, la Procuraduría alertó sobre el riesgo de que las intervenciones no estén resolviendo los problemas estructurales, sino prolongando una crisis que afecta directamente a los ciudadanos. Este llamado de atención se suma a las crecientes preocupaciones sobre la capacidad del sistema para responder a la demanda de atención en salud.

Sistema que cubre a millones de colombianos

La magnitud del problema se entiende mejor al revisar las cifras del sistema de salud colombiano. De acuerdo con datos oficiales del Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO), Colombia cuenta con más de 52.424.548 millones de afiliados. En el régimen contributivo hay 23.578.034 afiliados, mientras que en el régimen subsidiado hay 26.823.211 afiliados, mientras que en los regímenes especiales y de excepción hay poco más de 2,2 millones.

En conjunto, estas cifras muestran una cobertura prácticamente universal, por lo que cualquier crisis en el sistema tiene efectos generalizados en el acceso a los servicios de salud.

Intervención, reforma fallida y mayor incertidumbre

La reciente intervención a la Nueva EPS se da en un contexto político marcado por el fracaso de la reforma a la salud impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. El proyecto buscaba transformar el modelo de aseguramiento y aumentar la participación del Estado en la gestión del sistema, pero no logró avanzar en el Congreso.

En este escenario, las intervenciones a varias EPS han sido interpretadas por algunos sectores como una forma de avanzar en cambios estructurales por la vía administrativa. Sin embargo, críticos advierten que estas decisiones han generado caos, desorden y una creciente incertidumbre para los afiliados. La falta de claridad sobre el rumbo del sistema, sumada a los problemas financieros de las EPS, ha incrementado la desconfianza entre usuarios y prestadores de servicios.