La controversia surgió luego de que en los reportes entregados al Consejo Nacional Electoral aparecieran más de 700 millones de pesos atribuidos como aportes de un empresario barranquillero que niega dicho apoyo.

La campaña presidencial de Iván Cepeda enfrenta una nueva controversia luego de que la DIAN y la Fiscalía recibieran una denuncia sobre presuntas irregularidades en la financiación de su aspiración política.

El caso gira alrededor de más de 700 millones de pesos reportados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como supuestos aportes realizados por un empresario barranquillero que ahora asegura que nunca hizo donaciones a la campaña.

La denuncia fue presentada por el exconcejal caleño Juan Martín Bravo, quien pidió a las autoridades revisar si existieron inconsistencias en los reportes financieros entregados por la campaña ante el sistema Cuentas Claras del CNE.

Según los documentos revelados por distintos medios, en los registros aparecen aportes atribuidos a la empresa Samat Publicidad S.A.S. y a su representante legal, Javier Antonio Pérez Páez, por valores que superarían los 725 millones de pesos.

Sin embargo, el empresario negó haber realizado contribuciones políticas. Pérez Páez explicó que la relación con la campaña correspondía a servicios de impresión y publicidad suministrados a crédito, y no a donaciones voluntarias.

De acuerdo con su versión, la campaña acordó pagar posteriormente esos trabajos con recursos provenientes de la reposición de votos entregada por el Estado.

El empresario afirmó, además, que cuenta con facturas y soportes contables que demostrarían que se trató de una operación comercial.

Entre los servicios mencionados figuran impresiones de periódicos, volantes, pendones y demás material publicitario utilizado durante la campaña política.

La polémica aumentó luego de conocerse que Samat Publicidad S.A.S., registrada en Barranquilla, tendría un capital reportado cercano a los 20 millones de pesos, cifra muy inferior al monto que aparece relacionado en los reportes electorales.

Esa diferencia llevó a que la DIAN y la Fiscalía fueran notificadas para determinar si existía capacidad financiera suficiente para respaldar una operación superior a los 700 millones de pesos.

Aunque el caso todavía se encuentra en etapa de revisión preliminar, el CNE ya analiza la documentación entregada por la campaña y por el empresario involucrado.

Algunos reportes indican que la investigación busca establecer si hubo errores en la clasificación contable de créditos comerciales como aportes privados o si existieron inconsistencias en la forma en que fueron registrados los recursos.

Hasta el momento, la campaña de Iván Cepeda no ha sido sancionada y las autoridades no han anunciado decisiones definitivas. No obstante, el episodio genera presión política en medio de la recta final de las elecciones presidenciales, especialmente por los debates recientes sobre financiación electoral y transparencia en campañas políticas en Colombia.