El ente acusador formalizó señalamientos contra dos exfuncionarios del Gobierno por, supuestamente, usar contratos públicos como moneda de cambio para asegurar apoyos políticos en el Congreso.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, exfuncionarios del Gobierno, por su presunta participación en un esquema de entrega de contratos a congresistas.

Según el ente acusador, se habrían direccionado proyectos de entidades como Invías y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

De acuerdo con la investigación, el caso involucra al menos 71 proyectos públicos que habrían sido asignados con fines políticos. La Fiscalía sostiene que estos contratos habrían servido como mecanismo para asegurar respaldos en el Legislativo, en medio de la agenda del Gobierno.

En el marco del proceso, el ente investigador indicó que los exfuncionarios “habrían intervenido en la asignación de contratos con el propósito de garantizar votos de congresistas”, lo que configura un posible uso indebido de recursos públicos.

Contratos y respaldo político

El expediente señala que cerca de 30 congresistas estarían vinculados al esquema, en el que los contratos eran entregados de manera direccionada. La hipótesis de la Fiscalía apunta a un intercambio entre inversión pública y apoyo a iniciativas del Ejecutivo.

Según las autoridades, los proyectos provenían principalmente de Invías y la UNGRD, entidades clave en la ejecución de obras y atención de emergencias. Esto habría permitido canalizar recursos hacia regiones específicas, bajo criterios que ahora están siendo cuestionados.

En ese sentido, la Fiscalía aseguró que “los proyectos no respondían únicamente a necesidades técnicas, sino a compromisos políticos previamente adquiridos”, lo que refuerza la tesis de un presunto entramado de corrupción.

Impacto y proceso en curso

El caso representa uno de los golpes más fuertes a la administración pública reciente, al involucrar a altos exfuncionarios y a un número significativo de legisladores.

La investigación continúa avanzando mientras se recopilan pruebas y se definen responsabilidades individuales.

Por ahora, el proceso entra en una etapa clave, en la que se evaluarán las evidencias presentadas por la Fiscalía y la defensa de los implicados. El desenlace podría tener efectos directos sobre la credibilidad institucional y el manejo de recursos públicos.

En medio del escándalo, el ente acusador reiteró que “se buscará establecer con claridad la responsabilidad de cada uno de los involucrados”, dejando abierta la puerta a nuevas vinculaciones dentro de un caso que sigue creciendo.