Aunque su orden de captura sigue suspendida, el ente acusador avanza en la estructuración de cargos contra Alexander Díaz Mendoza y en la conformación de un equipo para consolidar pruebas por delitos de lesa humanidad cometidos, incluso, después de su designación como vocero en el marco de la Paz Total.

La Fiscalía General de la Nación dio un paso importante en el proceso contra Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, al ordenar la creación de un grupo especial de trabajo para avanzar en su judicialización. La decisión llega en medio de cuestionamientos por la continuidad de sus acciones ilegales, aun cuando hace parte del esquema de la Paz Total impulsado por el Gobierno.

El nuevo equipo estará conformado por fiscales e investigadores de distintas dependencias, con el objetivo de unificar evidencias y consolidar un expediente robusto que permita imputar cargos por varios delitos, entre ellos, el homicidio de un líder social registrado en el primer semestre de 2024.

Grupo especial

La estrategia de la Fiscalía apunta a concentrar en un solo frente los procesos abiertos contra alias ‘Calarcá’. Para ello, participarán funcionarios de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado, la Dirección de Derechos Humanos y la Unidad Especial de Investigación.

Esta articulación busca fortalecer el caso con material probatorio que incluye información extraída de dispositivos electrónicos incautados en 2024 durante un operativo en Antioquia. Según la entidad, estos elementos permiten avanzar hacia una imputación sólida por delitos de lesa humanidad.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, ya había advertido que existen pruebas suficientes para llamar a imputación al cabecilla, incluso por hechos ocurridos después de haber sido designado como vocero dentro del proceso de paz.

Orden suspendida

Pese a los avances, la orden de captura contra Díaz Mendoza sigue suspendida. La decisión se mantiene bajo el argumento de que existe una cierta razonabilidad en equiparar su caso con otros procesos similares dentro del marco de negociación con grupos armados.

Desde la Fiscalía se ha insistido en que esta suspensión no es definitiva. La entidad trabaja en fijar cuanto antes la fecha de audiencia para formalizar la imputación, mientras solicita al Gobierno una definición clara frente a la reactivación de las órdenes judiciales.

Camargo explicó que la intención es mantener coherencia institucional frente a casos similares, pero sin frenar el avance de los procesos penales.

Líneas de investigación

En paralelo, el ente acusador ordenó profundizar en cinco líneas investigativas derivadas del análisis forense de equipos incautados a las disidencias. Estos hallazgos podrían comprometer a estructuras ilegales y otros actores.

El caso de alias ‘Calarcá’ se ha convertido en un punto crítico dentro del debate sobre la Paz Total, ya que, según las autoridades, el cabecilla continúa expandiendo su poder criminal mientras se mantiene bajo medidas judiciales flexibles.

La Fiscalía reiteró que la situación será evaluada de forma periódica y que cualquier nueva evidencia, especialmente relacionada con violaciones a derechos humanos, podría cambiar su estatus jurídico. Entretanto, el proceso avanza con el objetivo de lograr una respuesta judicial contundente que obligue a tomar decisiones de fondo.