Los ministerios de Agricultura y Ambiente expidieron la metodología que permitirá determinar cuáles son consideradas de bajo impacto en estos ecosistemas. Aunque la medida busca armonizar la producción de alimentos con la conservación ambiental, persisten interrogantes sobre su aplicación práctica y sus efectos para miles de productores rurales que permanecen en estas zonas.

La discusión sobre la permanencia de las actividades agropecuarias en los páramos dio un nuevo paso con la expedición de la resolución conjunta mediante la cual los ministerios de Agricultura y Ambiente adoptaron la Metodología para la Determinación de las Actividades Agropecuarias de Bajo Impacto en Páramos (MBIP).

La herramienta, contemplada desde la Ley 1930 de 2018, busca establecer criterios técnicos para identificar cuáles prácticas productivas pueden desarrollarse en estos ecosistemas estratégicos bajo principios de sostenibilidad ambiental y protección de las fuentes hídricas que abastecen a millones de colombianos.

Según el Gobierno, la metodología permitirá reconocer en terreno las prácticas agropecuarias realizadas por productores asentados en páramos y servirá como punto de partida para definir programas de reconversión o sustitución productiva, así como incentivos dirigidos a quienes adopten modelos considerados sostenibles.

Evaluación en los territorios

La resolución establece que la metodología será aplicada a personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades agropecuarias en páramos delimitados o que actualmente se encuentren en procesos de delimitación participativa.

Uno de los aspectos destacados es que las producciones destinadas exclusivamente al autoconsumo familiar no serán objeto de evaluación.

Asimismo, se contempla un enfoque diferencial para los habitantes tradicionales y organizaciones campesinas presentes en estos territorios.

La ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez Torres, aseguró que la medida busca fortalecer la protección de estos ecosistemas estratégicos.

"La metodología que hoy adoptamos es un avance político y estratégico que demuestra que la gestión ambiental es también justicia social y garantía de futuro", dijo.

Sin embargo, la implementación de este tipo de instrumentos ha generado históricamente preocupación entre productores rurales, especialmente por las dificultades que pueden surgir al momento de traducir criterios técnicos en decisiones concretas sobre el uso del suelo y la continuidad de las actividades económicas.

Campesinos y producción de alimentos

Desde el Ministerio de Agricultura se destacó que la nueva metodología pretende reconocer el papel de los productores rurales en la conservación ambiental y la producción de alimentos.

La ministra Martha Viviana Carvajalino afirmó que el instrumento permitirá que las actividades agropecuarias en páramos se desarrollen bajo buenas prácticas productivas, alineadas con la apuesta gubernamental por la transición agroecológica.

"Este instrumento reconoce el papel del campesinado en la producción de alimentos y en la defensa de la biodiversidad", señaló la funcionaria.

Aunque el Gobierno presenta la medida como una herramienta para fortalecer la soberanía alimentaria, algunos sectores del campo han advertido que aún existen dudas sobre los recursos disponibles para financiar los procesos de reconversión productiva y sobre las alternativas reales para los productores que eventualmente deban modificar sus sistemas de producción.

A estos desafíos se suma una preocupación que desde hace años plantean los productores rurales: la correcta delimitación de los páramos y de las demás áreas protegidas.

En distintas regiones del país persisten controversias sobre los límites de estos ecosistemas, lo que ha generado incertidumbre para actividades como la ganadería, cuyos productores, en algunos casos, afirman desarrollar su labor en zonas que posteriormente son incluidas dentro de las delimitaciones ambientales.

Para el sector, garantizar claridad en estos procesos será determinante para evitar conflictos y ofrecer seguridad jurídica a las comunidades que históricamente han habitado estos territorios.

Revisión periódica

El documento técnico que acompaña la metodología será revisado cada tres años y podrá ser actualizado de manera conjunta por los ministerios de Agricultura y Ambiente.

Con esta decisión, el Ejecutivo busca consolidar una hoja de ruta para la gestión de los páramos, ecosistemas considerados esenciales para la regulación hídrica y la conservación de la biodiversidad.

No obstante, el reto estará en lograr que las nuevas disposiciones se traduzcan en soluciones viables para las comunidades rurales que durante décadas han habitado y trabajado en estos territorios sin que la protección ambiental termine convirtiéndose en una nueva fuente de incertidumbre para el sector productivo.