La exministra de Minas y Energía vuelve al centro del debate tras sus recientes afirmaciones sobre el glifosato y la ganadería. A esto se suman varias investigaciones abiertas que han puesto en entredicho su gestión pública.

La ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible encargada, Irene Vélez, volvió a generar controversia esta semana tras referirse al uso del glifosato y su relación con la ganadería. En sus declaraciones, aseguró que “el glifosato es un tipo de tóxico que acaba con todo lo verde, entonces también ayuda digamos a que toda la cobertura vegetal se torne en pastos, entonces eso tiene también un efecto sobre posteriormente el ingreso de la ganadería”.

Sus palabras causaron reacciones en distintos sectores productivos, especialmente en el ganadero, que cuestionó y rechazó la forma en que se vincula el uso de herbicidas con la expansión de esta actividad. El debate no es menor, pues toca un punto sensible entre política ambiental y producción agropecuaria.

José De Silvestri, director técnico de Fedegán, la desmintió. “El glifosato es un herbicida de uso común en la agricultura. Lo que hace es detener el crecimiento de la vegetación de manera temporal para introducir cultivos. Eso no es praderización, están totalmente equivocados”, argumentó.

Quién es Irene Vélez

Irene Vélez Torres es filósofa, con trayectoria académica y enfoque en temas ambientales y sociales. Llegó al Ministerio de Minas y Energía en el gobierno de Gustavo Petro, donde fue una de las figuras más visibles de la propuesta de transición energética. Actualmente se desempeña como directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Sin embargo, su paso por el cargo estuvo marcado por constantes controversias técnicas, políticas y administrativas. Sus posturas frente a la explotación de hidrocarburos, así como varios episodios mediáticos, la convirtieron en una funcionaria altamente cuestionada en el escenario público.

Investigaciones en curso

Uno de los casos más relevantes en su contra está relacionado con la salida del país de su hijo menor de edad. La Procuraduría abrió una indagación para determinar si la entonces ministra habría usado su cargo para influir en funcionarios de Migración Colombia y permitir el viaje sin los requisitos legales.

En este mismo caso, la Fiscalía también inició una investigación por posible tráfico de influencias, con el fin de establecer si existió un uso indebido de su posición para facilitar el trámite.

Paralelamente, este episodio generó una revisión más amplia de los procedimientos en Migración Colombia, incluyendo verificaciones documentales y testimonios dentro del proceso judicial.

Otro proceso que enfrentó Vélez tiene que ver con un informe sobre las reservas de gas en Colombia. La Procuraduría abrió una indagación preliminar por presuntas inconsistencias en el documento, incluyendo posibles irregularidades en firmas y contenido técnico.

Según explicó el ente de control, se buscaba verificar “si los documentos eran verdaderos y si salían desde las instancias correctas”, en medio de cuestionamientos de expertos y del sector energético.

Las recientes declaraciones de Vélez vuelven a poner su nombre en la agenda pública, no solo por su visión sobre temas ambientales y productivos, sino por el contexto de investigaciones que aún rodean su gestión. En medio de este panorama, el debate sobre ganadería, ambiente y política pública sigue abierto.