El proceso judicial contra el exviceministro Luis Edmundo Suárez Soto entra en una fase decisiva, en medio de contradicciones sobre la firma de un contrato millonario para el mantenimiento de aeronaves militares.

El caso de presunta corrupción en la contratación para el mantenimiento de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional volvió al centro del debate público tras el inicio del juicio contra el exviceministro de Defensa, Luis Edmundo Suárez Soto.

La investigación gira en torno a un contrato firmado el 31 de diciembre de 2024 por un valor cercano a los 134 mil millones de pesos, que habría sido adjudicado a una empresa sin la experiencia requerida.

Contrato en la mira

El convenio, suscrito en la sede del Ministerio de Defensa en Bogotá, tenía como objetivo garantizar el mantenimiento de aeronaves clave en operaciones de rescate y combate. Sin embargo, desde sus inicios generó cuestionamientos por posibles irregularidades en el proceso de adjudicación, lo que hoy lo convierte en el eje de un escándalo de alto nivel.

En medio de las investigaciones preliminares, Suárez Soto había negado cualquier participación directa en la firma del contrato. “Ese contrato tuvo muchas dificultades y eso nos fue corriendo los tiempos al Ministerio (de Defensa) para poder hacer el contrato”, dijo en su momento, aludiendo a retrasos en el proceso y al acompañamiento de asesores del Ejército.

Más adelante, fue aún más enfático al deslindarse del documento: “Finalmente, yo no estuve en esa firma del contrato porque yo no participé en él, yo no lo firmé. Todas las decisiones del momento, la oportunidad y todo el periodo del contrato se hicieron con la dirección jurídica y con la secretaría general del Ministerio de Defensa”.

Giro en la defensa

La postura del exfuncionario dio un giro significativo en la antesala de la imputación de cargos. Su defensa planteó un argumento distinto, asegurando que, para la fecha de la firma, Suárez Soto se desempeñaba como ministro de Defensa encargado, lo que le otorgaría fuero constitucional.

Durante la audiencia, el abogado defensor cuestionó la competencia del juez de control de garantías y expuso: “En este proceso, honorable juez, la Fiscalía que aquí nos acompaña se encuentra investigando un contrato que se firmó el 31 de diciembre del 2024 y ese día, ¿quién era el ministro en encargo? Luis Edmundo Suárez Soto era el ministro en encargo ese día. Entonces, ¿él era ministro a medias?”.

El defensor también subrayó la relevancia del acto contractual: “Pregunto yo, ¿cuál es el acto más importante y principalísimo de un contrato? ¡La firma! ¿Quién era el ministro para el momento de la firma? Luis Edmundo Suárez Soto”.

Delitos y proceso judicial

La Fiscalía General de la Nación imputará al exviceministro por una serie de delitos que incluyen falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y fraude procesal, entre otros. Además, solicitará una medida de aseguramiento en centro carcelario, por la gravedad de las acusaciones.

El proceso ha tenido un avance irregular. El pasado 21 de abril, Suárez Soto no asistió a la audiencia programada, argumentando problemas de salud, lo que añade tensión a un caso que ya genera amplias repercusiones políticas e institucionales.

A medida que avanza el juicio, el país observa con atención el desenlace de uno de los casos más sensibles en materia de contratación pública reciente, marcado por contradicciones y un posible impacto en la credibilidad del sector defensa.