El interés en que siga avanzando, a pesar de los tropiezos en el congreso, reactivó una discusión sobre quién debe resolver los conflictos de tierras en Colombia. Roberto Bruce, director jurídico de Fedegán, explicó que la preocupación no gira alrededor de la necesidad de modernizar la justicia rural, sino sobre el traslado de competencias que hoy tienen jueces especializados.

El punto que mantiene abierto el pulso está en el artículo noveno de la ponencia. Allí se concentra la principal diferencia entre el Ejecutivo y los sectores productivos. En entrevista con CONtexto, Roberto Bruce, director jurídico de Fedegán, explicó su posición y la de los gremios productivos. “Hoy el lío está en que las normas agrarias tienen claridad en cuanto a procedimientos como extinción de dominio, recuperación de baldíos y clarificación de propiedad. Todos esos procesos hoy tienen fase judicial, es decir, los decide un juez de la República”, señaló.

Bruce sostuvo que la propuesta impulsada desde el Gobierno busca llevar parte de esas decisiones al ámbito administrativo. “Lo que la ministra propone es que todo se vaya para carácter administrativo, que nunca será igual a una sentencia judicial”, afirmó.

Desde la perspectiva de Fedegán, el centro del debate no es menor: se trata de definir si decisiones sobre propiedad rural seguirán bajo control de jueces independientes o quedarán en manos de entidades manejadas por el gobierno nacional. Facultades a las que, si o si, hay que ponerles lupa.

Riesgos para la seguridad jurídica

La inquietud también es compartida por otros sectores agropecuarios. La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Fedepalma y Fedegán han insistido en que procesos relacionados con deslindes, recuperación de baldíos y definición de derechos sobre predios deben mantener una fase judicial. “Nosotros, los gremios como la SAC, Fedegán y Fedepalma, estamos buscando que todos los procesos agrarios tengan fase judicial, porque no hay confianza ni seguridad jurídica con lo que pueda hacer la Agencia Nacional de Tierras, ANT. al tomar decisiones sobre la propiedad de predios”, explicó Bruce.

El jurista añadió que existe otra inquietud de fondo: si el país avanza en la creación de jueces especializados para esta materia, carecería de sentido retirarles competencias justamente en los procesos que motivan la creación de la jurisdicción. La Corte Constitucional ya abrió el camino institucional. Sin embargo, el debate de fondo apenas comienza. El Congreso tendrá ahora la responsabilidad de definir si la nueva jurisdicción fortalece la justicia rural o si termina ampliando las dudas sobre la seguridad jurídica en el campo colombiano.