El proyecto que reglamenta la jurisdicción agraria sigue enfrentando fuertes obstáculos en el Congreso. Mientras el Gobierno Petro intenta acelerar su aprobación, crecen las críticas desde el sector rural y político por los riesgos que podría representar para la propiedad privada, la seguridad jurídica y la inversión en el campo colombiano.

La jurisdicción agraria volvió a generar una fuerte controversia en el Congreso de la República. Aunque el Gobierno nacional insiste en presentar la iniciativa como una herramienta para resolver conflictos sobre tierras, en el Senado cada vez son más visibles las resistencias frente a un proyecto que despierta preocupación entre productores rurales, empresarios del agro y sectores de oposición.

Durante esta semana, el Ejecutivo radicó un mensaje de insistencia para intentar acelerar el trámite legislativo de la ley que reglamentará el funcionamiento de la jurisdicción agraria y rural.

La administración Petro busca sacar adelante el proyecto antes del cierre de la legislatura, pero las divisiones políticas y la falta de consensos han frenado nuevamente el debate.

En varias sesiones recientes, congresistas de oposición abandonaron el recinto y provocaron la ruptura del quórum, dejando en evidencia el creciente rechazo que existe frente a una reforma que muchos consideran improvisada y peligrosa para el futuro de la propiedad rural en Colombia.

Riesgos

La principal preocupación gira alrededor del alcance que tendría esta nueva jurisdicción especializada para intervenir en disputas sobre tierras, posesión y uso de predios rurales.

Aunque el Gobierno insiste en que busca agilizar procesos judiciales, distintos sectores advierten que podría convertirse en una herramienta de presión contra propietarios legítimos y productores agropecuarios.

El proyecto contempla la creación de jueces y tribunales agrarios con amplias facultades sobre conflictos rurales. Para dirigentes del sector agropecuario, esto podría generar inseguridad jurídica y abrir espacios para decisiones politizadas sobre la propiedad privada.

Las críticas también apuntan al papel que tendría la Agencia Nacional de Tierras dentro del nuevo esquema institucional.

Desde sectores de oposición se advierte que todavía existen vacíos sobre las competencias de esa entidad y sobre la manera en que se resolverán futuros litigios entre campesinos, empresarios y propietarios rurales.

El representante Christian Garcés, del Centro Democrático, afirmó esta semana en sus redes sociales que la jurisdicción agraria “pone en riesgo el derecho a la propiedad privada” y cuestionó que el Gobierno pretenda avanzar en una reforma de alto impacto sin garantías claras para el sector productivo.

Choque político

La jurisdicción agraria se ha convertido en uno de los proyectos más polémicos del Gobierno Petro. Aunque el oficialismo sostiene que hace parte de la implementación del Acuerdo de Paz, sus críticos consideran que detrás de la propuesta existe una visión ideológica que termina castigando al productor formal y debilitando la confianza en el campo colombiano.

El Gobierno ha defendido la iniciativa señalando que “los conflictos históricos en Colombia tienen origen en la tierra”. Sin embargo, en amplios sectores rurales, como la Sociedad de Agricultores de Colombia, existe preocupación porque las nuevas reglas terminen incentivando disputas sobre predios productivos y generando incertidumbre sobre la estabilidad jurídica de las inversiones agropecuarias.

El desgaste político del Ejecutivo también ha golpeado el avance del proyecto. El diario El País reveló esta semana que la jurisdicción agraria hace parte de las iniciativas del Gobierno que “se quedan sin aire en el Congreso”, ante la pérdida de apoyos y la creciente fragmentación de las mayorías oficialistas.

Mientras tanto, en el sector agropecuario sigue creciendo la sensación de que la discusión avanza con más carga política que soluciones reales para los problemas del campo.

Productores y empresarios temen que, lejos de traer estabilidad, la nueva jurisdicción termine aumentando la conflictividad rural y debilitando la confianza para invertir y producir en Colombia.