El exalcalde de Medellín asume el cargo en medio de cuestionamientos por decisiones tomadas durante su administración de la capital de Antioquia que hoy son objeto de investigaciones en la Procuraduría y la Fiscalía.

Daniel Quintero ya fue nombrado como nuevo superintendente de Salud, pero su llegada al cargo no pasa inadvertida. Sobre su gestión como alcalde de Medellín pesan investigaciones vigentes que, aunque no siempre lo señalan de forma directa, sí comprometen decisiones adoptadas bajo su mandato y que hoy están bajo la lupa de los entes de control.

Contratos cuestionados

Uno de los episodios más relevantes se remonta al pliego de cargos emitido por la Procuraduría General de la Nación el 20 de diciembre de 2024. Allí se advierte sobre una inversión cercana a 24.000 millones de pesos en un inmueble entregado en comodato por el liquidador de Saludcoop.

El problema, según el Ministerio Público, radica en que el contrato se celebró con un contratista inhabilitado por ser deudor moroso del Estado.

A este caso se suma un contrato posterior por 12.000 millones de pesos con la Fundación Colombiana de Cancerología. La investigación sostiene que se habrían ignorado conceptos desfavorables del comité de conciliación, llegando incluso a “afirmar que dicho comité había dado su aval”, lo que podría constituir falsedad en documento público.

Aunque Quintero no figura directamente en estos procesos, su rol como cabeza de la administración lo ubicaba como responsable de ordenar correctivos, algo que, según los hallazgos preliminares, no ocurrió.

Fallas en atención

La crisis durante su administración no solo fue financiera. También hubo consecuencias en la prestación del servicio. En diciembre de 2025, la Personería Distrital de Medellín formuló cargos contra el entonces gerente del Hospital General, Mario Fernando Córdoba, por la muerte de un menor en septiembre de 2023.

El organismo investiga si el fallecimiento estuvo relacionado con la falta de atención oportuna, derivada de la ausencia de contratación en cirugía neonatal. Este hecho encendió las alarmas sobre posibles fallas estructurales en el sistema de salud local bajo la administración Quintero, evidenciando riesgos en la atención médica.

Recursos en la mira

Las investigaciones también alcanzaron el manejo de recursos públicos en otros frentes. Un escrito de acusación de la Fiscalía, fechado el 4 de febrero de 2026, detalla presuntas irregularidades en contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí por más de 18.000 millones de pesos.

Según la Fiscalía, se habrían configurado delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, señalando que “dineros públicos terminaron en manos privadas mediante una red de subcontratación y cuentas de cobro cuestionables”. Todo esto habría ocurrido en el entorno administrativo de Quintero, lo que refuerza las dudas sobre su capacidad de supervisión.

En este contexto, su designación como superintendente genera interrogantes incluso dentro de sectores políticos cercanos. La responsabilidad de vigilar el sistema de salud nacional implica manejar cuantiosos recursos y garantizar transparencia, algo que, a la luz de estos antecedentes, hoy es motivo de fuerte debate público.