La idea de reducir la estructura administrativa del Estado reduciendo sus ministerios, volvió a ser tema de discusión electoral. Más allá del impacto político, el planteamiento plantea preguntas sobre el alcance institucional, fiscal y jurídico de una reforma de esta magnitud.

Reducir el tamaño del Estado suena atractivo en tiempos de asfixia fiscal y malestar ciudadano frente a la burocracia. Sin embargo, detrás de esa promesa de campaña, aparece una pregunta de fondo: ¿qué tan viable es para un próximo presidente desmontar ministerios, recortar cargos y reorganizar el aparato público sin afectar la ejecución de políticas estratégicas?

Ese debate volvió a instalarse luego de que el candidato presidencial Abelardo De la Espriella anunciara que, de llegar a la Casa de Nariño, impulsaría una fuerte reestructuración administrativa que comenzaría con la eliminación del Ministerio de Igualdad. “Hay mucho por hacer. Lo primero que te digo es que hay más de 700.000 cargos y contratos de prestación de servicios que le sobran al Estado colombiano. Pero no vamos a dejar tirada a esa gente. Los vamos a indemnizar para que puedan emprender y vamos a hablar con el sector privado para que los reciban”, afirmó.

En el programa Dos Puntos, de Caracol Radio, el candidato agregó que su propósito sería reducir el gabinete de 19 a 10 ministerios. “Necesitamos un Estado pequeño, eficiente y que esté manejado por gente que haga las cosas bien. Necesitamos volver a la empresa más importante que tiene Colombia, que es el Estado colombiano, una empresa funcional”, sostuvo.

#DosPuntos | El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, estuvieron en Dos Puntos de Caracol Radio, donde revelaron que acabarían varios ministerios del actual Gobierno Petro.

🔴 “Hay más de 700.000 cargos y contratos… pic.twitter.com/2iujemyF0d

— Caracol Radio (@CaracolRadio) May 8, 2026

Propuesta con antecedentes

La idea de achicar el Estado no es nueva. Durante el gobierno de Álvaro Uribe se redujo el número de ministerios mediante fusiones administrativas. Más adelante, varias iniciativas de austeridad y reducción del tamaño del Congreso fueron planteadas por distintos sectores políticos, aunque muchas terminaron hundidas en el trámite legislativo.

En la campaña presidencial de 2022, Rodolfo Hernández también propuso pasar de 18 a 10 carteras. Ahora, el planteamiento reaparece con fuerza en la contienda de 2026 y coincide con una bandera que también ha defendido la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, quien propone reducir ministerios y suprimir entidades que considera innecesarias. El asunto, sin embargo, no es solo político.

Ese recorte del cuerpo ministerial puede hacerse mediante reformas legales o decretos, dependiendo del alcance de los cambios. Lo más complejo suele venir después: redistribuir funciones, reorganizar personal, asegurar continuidad institucional y evitar vacíos en la ejecución pública.

Más allá del discurso electoral

Volviendo a lo anunciado por De la Espriella, el candidato también lanzó otras declaraciones que agitaron el debate político, entre ellas, su postura sobre una eventual solicitud de extradición contra el presidente Gustavo Petro, afirmando que: “yo mismo lo llevo hasta Opa-locka, en Miami… pero no te quepa la menor duda. Pregúntale a cualquier candidato que diga que respeta la Constitución y la ley, si recibe una solicitud de extradición, se surte el trámite en la Corte Suprema como manda la ley colombiana y debe firmarlo ¿por qué no habría de hacerlo?”.

El anuncio deja sobre la mesa un asunto central: el costo del Estado y la eficiencia del gasto público. En medio del desgaste institucional y de las presiones fiscales, la idea de eliminar “puestos de corbata” y reducir estructuras administrativas puede resultar políticamente rentable, pero el verdadero examen está más allá del discurso.

La propuesta ya fue instalada por sectores de derecha y parece ganar espacio en el debate presidencial. La pregunta que empieza a imponerse ahora no es si conviene reducir el Estado, sino cómo hacerlo sin comprometer el funcionamiento de las instituciones.