Las declaraciones del presidente Gustavo Petro desataron una fuerte controversia política. El episodio reabrió la controversia sobre los límites del poder presidencial, la autonomía territorial y el impacto del catastro en la economía. El episodio revive el debate sobre las facultades del Ejecutivo y la falta de coherencia con el pasado político del mandatario.

“Y si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar”. Con esta frase, el presidente Gustavo Petro lanzó una dura advertencia durante el consejo de ministros del lunes 13 de abril, en medio de la polémica por el aumento desmedido del impuesto predial en distintas regiones del país.

El mandatario fue más allá y sugirió que podrían activarse mecanismos institucionales contra los mandatarios locales que, según él, afectan a la ciudadanía con incrementos desproporcionados. En ese contexto, también mencionó las facultades del procurador Gregorio Eljach para suspender a funcionarios que incumplan la ley.

Las declaraciones generaron reacciones inmediatas en distintos sectores políticos, que interpretaron sus palabras como una amenaza directa a la autonomía territorial.

El trasfondo: predial, protestas y costo de vida

El pronunciamiento del jefe de Estado se da en un momento de creciente inconformidad ciudadana por el alza del impuesto predial, que ha derivado en protestas y bloqueos en varias zonas del país.

Para el Gobierno, el impacto de estos incrementos no es únicamente fiscal. Petro ha advertido que el aumento en los avalúos catastrales puede incidir en el costo de producción agrícola y, en consecuencia, en el precio de los alimentos.

Desde esa perspectiva, el presidente ha planteado que el problema podría escalar a un tema de orden nacional, con posibles riesgos de desabastecimiento si no se toman medidas oportunas.

🔴 #Noticias | El presidente Gustavo Petro advirtió que, si es necesario, alcaldes podrían ser llevados ante la justicia y recordó que la Procuraduría tiene la facultad de suspenderlos. pic.twitter.com/bvGbqIXzR6

— CABLENOTICIAS (@CABLENOTICIAS) April 14, 2026

Ministro del interior responde

Ante la controversia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, salió a respaldar al presidente y a precisar el alcance de sus declaraciones en entrevista con Blu Radio. El funcionario explicó que no se trata de una decisión tomada, sino de un escenario hipotético frente a una situación crítica: “A lo qué se refiere el presidente entonces no es que se haya tomado una decisión, sino que está detrás de la hipótesis de qué se puede hacer realmente un estado de conmoción interior o una emergencia si este tema sigue (…) estamos jugando con el tema de los alimentos”.

Benedetti advirtió que el Gobierno no permitirá que la situación escale a un problema mayor: “Se podría incluso desabastecer Colombia y desde el gobierno no se va a dejar que eso suceda”. Asimismo, insistió en que cualquier actuación estará enmarcada en la legalidad: “El presidente de la República no va a destituir a nadie (…) no es que él va a salir con un bolillo a la calle (…) No vamos a hacer nada que esté por fuera de la ley”.

¿Puede el presidente destituir alcaldes?

El episodio ha reavivado un debate jurídico sobre las facultades del presidente frente a mandatarios locales.
En condiciones normales, la destitución de alcaldes y gobernadores corresponde a organismos como la Procuraduría o a decisiones judiciales. Sin embargo, en escenarios excepcionales como estados de conmoción interior, el Ejecutivo podría tener atribuciones ampliadas, siempre bajo límites constitucionales. Esto ha llevado a que algunos sectores interpreten las palabras de Petro como una advertencia política, mientras otros las consideran una posible extralimitación de funciones.

El espejo del pasado: Petro como alcalde

La controversia inevitablemente remite a un episodio clave en la trayectoria política del actual presidente. En 2013, cuando era alcalde de Bogotá, Petro fue destituido por el entonces procurador Alejandro Ordóñez, una decisión que generó una amplia polémica nacional e internacional y que escaló, incluso, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En ese momento, Petro denunció la medida como una violación a los derechos políticos y se convirtió en uno de los principales críticos del poder disciplinario sobre funcionarios elegidos por voto popular.

Hoy, desde la Presidencia, sus declaraciones sobre posibles sanciones a alcaldes y gobernadores reabren el debate sobre la coherencia entre su postura pasada y su discurso actual.

Nuevo frente de tensión política

Las palabras del presidente han generado un fuerte eco en el escenario político. Mientras algunos sectores respaldan su preocupación por el impacto del predial en la economía de los ciudadanos, otros advierten sobre los riesgos de tensionar la relación entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales. Más allá de la controversia inmediata, el episodio deja sobre la mesa preguntas de fondo sobre los límites del poder presidencial, la autonomía regional y la gestión de políticas fiscales en un país descentralizado.