El informe 2025 de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre el lenguaje que el presidente Gustavo Petro y algunos de sus funcionarios utilizan reiteradamente contra comunicadores y medios del país. En 2025 se registraron 469 agresiones contra 305 periodistas.

Un jalón de orejas internacional. Así puede resumirse el más reciente informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que cuestiona directamente el comportamiento del gobierno, en especial del presidente Gustavo contra periodistas y medios de comunicación en el país.

El documento, correspondiente al año 2025, advierte sobre un ambiente de creciente tensión entre el poder Ejecutivo y la prensa marcado por descalificaciones, señalamientos y discursos estigmatizantes. Se trata de un pronunciamiento relevante tanto por su contenido, como por el peso institucional de la CIDH, paradójicamente, el mismo organismo que años atrás falló a favor de Petro cuando fue destituido como alcalde de Bogotá.

El informe es claro en uno de sus puntos centrales: existe una “creciente estigmatización de la prensa por parte de funcionarios públicos” en Colombia. La Relatoría advierte que este tipo de discurso, lejos de ser aislado, se ha convertido en una práctica recurrente que impacta el ejercicio periodístico.
En el documento también se hace referencia a expresiones utilizadas desde el poder, que califican a periodistas y medios como “desinformadores, oligarcas, vagabundos” o vinculados a intereses políticos, lo que contribuye a un clima de polarización y perfilamiento.

El informe también señala que en el país “se han registrado comentarios violentos del presidente contra periodistas”, una observación que refuerza las críticas sobre el tono adoptado desde la Casa de Nariño. A lo anterior se suma un contexto más amplio: el ejercicio del periodismo en Colombia sigue siendo una actividad de alto riesgo.

La CIDH advierte que persisten amenazas, ataques y presiones contra comunicadores, especialmente en regiones con presencia de grupos armados. Y es que, según un informe publicado por la Fundación para la Libertad de Prensa, en 2025 se registraron 469 agresiones contra 305 periodistas en Colombia, de los cuales 192 fueron amenazas, el tipo de ataque más frecuente.

A propósito de amenazas contra medios, el documento también menciona una serie de investigaciones sobre estructuras criminales presentadas por Noticias Caracol como ejemplo del entorno adverso en el que deben trabajar los periodistas.

Muy revelador el informe de la @CIDH, que alerta sobre el ataque sistemático del gobierno a los medios de comunicación. Es claro el uso de RTVC como canal de propaganda oficial, y ahora Cepeda dice que no acepta debates porque los medios ya tomaron partido. Ahí está el… pic.twitter.com/OTja0EpX28

— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 24, 2026

Medios públicos bajo observación

Otro de los puntos críticos del informe se centra en el papel de los medios estatales. La Relatoría expresa preocupación por posibles afectaciones al pluralismo informativo y a la independencia editorial. Según el documento, existirían cuestionamientos sobre el uso de estos canales para difundir contenidos alineados con el Gobierno, lo que podría desdibujar su función pública.

De hecho, se advierte sobre denuncias relacionadas con la omisión de voces críticas en el sistema de medios públicos, los cuales, en este contexto, serían RTVC y la revista Raya. En este sentido, la CIDH recuerda que los medios financiados con recursos del Estado deben garantizar diversidad de opiniones y no convertirse en herramientas de propaganda.

Más allá de las observaciones técnicas, el informe deja un mensaje de fondo: la libertad de expresión sigue siendo un pilar esencial de la democracia. Y es que es un principio general de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “la libertad de expresión e información es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática”.