La captura en Venezuela de los presuntos responsables de la muerte de la mujer abrió un nuevo capítulo judicial en este caso relacionado con procedimientos estéticos ilegales. Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia dio su concepto sobre el posible desenlace jurídico que tendría.

El caso de Yulixa Toloza se convirtió en símbolo de las fallas de control sobre establecimientos clandestinos dedicados a procedimientos estéticos de alta complejidad.

La mujer, de 52 años, desapareció luego de someterse a una intervención en el centro estético Beauty Láser, ubicado en el sur de Bogotá, y días después su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa entre Apulo y Anapoima, en Cundinamarca.

Las investigaciones apuntan a que, tras presentar graves complicaciones de salud, no fue trasladada a un hospital sino abandonada por quienes habrían practicado el procedimiento.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que tres personas vinculadas al caso fueron capturadas en Venezuela gracias a una circular de Interpol y anunció que iniciará el proceso formal de extradición para que respondan ante la justicia colombiana.

Sin embargo, detrás de esa intención judicial aparece un escenario complejo que podría impedir que los implicados regresen al país.

Extradición difícil

Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, explicó en entrevista a CONtexto que el principal obstáculo radica en la legislación venezolana, la cual protege a sus ciudadanos frente a solicitudes de extradición.

“La solicitud que hace Colombia de recibir a estas personas extraditadas es lo que hay que hacer, es lo correcto, pero no se ve viable”, afirmó.

El jurista recordó que la Constitución de Venezuela y su Código Penal prohíben extraditar ciudadanos venezolanos, salvo casos excepcionales relacionados con doble nacionalidad o irregularidades en la obtención de la ciudadanía.

Según Bernate, la situación ya se ha presentado en otros procesos criminales y generalmente termina con un traslado del expediente judicial hacia Venezuela.

“Seguramente lo que va a ocurrir es que Venezuela va a requerir a la Fiscalía de Colombia para que le envíe todos los elementos de prueba y se hace el juicio por estos hechos en Venezuela”, explicó.

Esto implicaría que el proceso deje de estar bajo control de los jueces colombianos y pase a manos de autoridades venezolanas, aplicando las leyes de ese país.

Para las víctimas y sus familias, esto podría representar mayores demoras, dificultades de seguimiento y limitaciones en el acceso a la información judicial.

Bernate, incluso, fue más allá al advertir que el panorama no es alentador. “No va a haber justicia pronta. Los procesos van a ser muy largos, difíciles y prolongados”, aseguró.

Posibles delitos

Desde el punto de vista penal, el caso podría configurar varios delitos graves. La Fiscalía analiza cargos relacionados con homicidio doloso, desaparición forzada, estafa y falsedad personal, debido a que los implicados presuntamente habrían realizado procedimientos médicos sin contar con títulos profesionales ni habilitación legal.

Para Bernate, la conducta posterior al deterioro de salud de la víctima agrava la responsabilidad penal.

“Es un homicidio doloso. El hecho de haber salido corriendo con la paciente demuestra un altísimo nivel de desentendimiento del valor de la vida”, señaló.

La investigación también busca establecer si hubo intento de ocultamiento del crimen y destrucción de pruebas, luego de que el cuerpo de la víctima apareciera abandonado varios días después de su desaparición.

Debate institucional

El impacto del caso también abrió un debate sobre la responsabilidad institucional frente al funcionamiento de clínicas clandestinas y centros estéticos ilegales que continúan operando en varias regiones del país.

Bernate aseguró que la rama judicial actúa después de los hechos, pero insistió en que el problema principal está en la ausencia de controles preventivos por parte de las autoridades sanitarias.

“La única forma en la que esto puede parar es si las autoridades hacen efectivamente labores de inspección, vigilancia y control”, sostuvo.

El abogado señaló que las secretarías de Salud y el Ministerio de Salud conocen desde hace años la existencia de establecimientos que ofrecen procedimientos invasivos sin licencias ni supervisión adecuada, aprovechándose de mujeres en condición de vulnerabilidad.

Mientras avanza el proceso internacional, el caso de Yulixa Toloza se perfila como un precedente judicial sobre los límites de la cooperación entre Colombia y Venezuela en investigaciones penales, así como sobre la capacidad del Estado para controlar una industria estética informal que sigue creciendo en medio de vacíos de vigilancia.