El organismo de control inició una investigación disciplinaria contra Olmedo López y otros dos exdirectivos para establecer posibles fallas en la planeación, selección del contratista, supervisión y ejecución de un convenio destinado a la atención de la emergencia de hace cuatro años.

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez, y los exdirectivos Sneyder Augusto Pinilla Álvarez y Víctor Andrés Meza Galván, por presuntas irregularidades relacionadas con un contrato de logística por $5 mil millones destinado a garantizar la atención de la emergencia causada por el fenómeno de La Niña durante 2022.

La decisión fue adoptada por la Segunda Delegada para la Contratación Estatal que busca establecer si durante la estructuración, adjudicación y ejecución del contrato se presentaron actuaciones contrarias a los principios de la contratación pública.

La apertura de la investigación no implica una sanción, sino el inicio de un proceso para determinar si existieron responsabilidades disciplinarias.

Bajo revisión

De acuerdo con el ente de control, uno de los aspectos centrales del proceso consiste en verificar si existieron deficiencias en la planeación contractual, especialmente en los estudios previos y en el análisis de precios que sustentaron la contratación.

La Procuraduría señaló que pretende establecer si "el análisis de precios y estudio de mercado fue suficiente, razonado y verificable", además de determinar si la escogencia del contratista cumplió con las condiciones legales y técnicas exigidas para este tipo de procesos.

Asimismo, el organismo revisará si durante la ejecución del contrato hubo una adecuada supervisión de las obligaciones pactadas, si el recibo de los bienes y servicios se certificó correctamente y si los pagos efectuados contaron con la validación correspondiente.

Estos elementos serán determinantes para establecer si existieron posibles faltas disciplinarias por parte de los exfuncionarios investigados.

Contrato clave

El contrato objeto de investigación tenía como finalidad suministrar servicios logísticos para responder de manera oportuna a las múltiples emergencias derivadas del fenómeno de La Niña de 2022, una temporada de lluvias que dejó graves afectaciones en buena parte del territorio nacional.

Durante ese periodo, las intensas precipitaciones provocaron inundaciones, movimientos en masa, crecientes súbitas y daños en infraestructura vial y productiva, afectando a miles de familias y obligando a la UNGRD a coordinar la entrega de ayudas humanitarias, equipos y recursos para la atención de los damnificados.

En ese contexto, la logística representaba un componente fundamental para garantizar la distribución de asistencia en las zonas más afectadas.

Precisamente por tratarse de un contrato relacionado con la respuesta a una emergencia nacional, la Procuraduría considera necesario verificar si los recursos públicos fueron administrados conforme a los principios de transparencia, eficiencia y responsabilidad.

Implicaciones para la gestión del riesgo

La nueva actuación disciplinaria se suma a las diferentes investigaciones que en los últimos años han rodeado a la UNGRD por presuntas irregularidades en procesos contractuales, varios de ellos vinculados con la administración de recursos destinados a la atención de desastres.

Aunque el proceso apenas comienza, su desarrollo podría tener importantes repercusiones para el fortalecimiento de los mecanismos de control en la gestión del riesgo de desastres en Colombia.

La revisión de los procedimientos de contratación durante situaciones de emergencia busca determinar si las entidades están garantizando el uso adecuado de recursos que, por su naturaleza, deben ejecutarse con rapidez sin sacrificar los principios de legalidad y transparencia.

En este caso, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas documentales y demás actuaciones necesarias para reconstruir las circunstancias en las que fue celebrado y ejecutado el contrato, establecer la eventual ocurrencia de faltas disciplinarias y definir si los exdirectivos investigados incurrieron en responsabilidades dentro del proceso contractual.