A propósito de la decisión provisional de un Juzgado de Bogotá que restringe el uso de la camiseta de la Selección Colombia a los miembros de la campaña De la Espriella, CONtexto consultó a varios abogados, expertos en el tema, para conocer sus alcances.

“No existe ningún fundamento legal que le permita a un juez prohibirle el uso de esta prenda a los simpatizantes de una campaña política”. Con esa frase, el abogado experto en propiedad intelectual Antonio Batista resumió una discusión que hoy trasciende lo electoral y toca aspectos fundamentales del sistema democrático.

Y es que, la noticia no es una camiseta. Lo controversial está en que una jueza de la República ordenara, de manera provisional a un candidato presidencial, abstenerse de utilizar una determinada prenda de vestir durante su campaña. La decisión, que fue adoptada por el Juzgado 120 Penal Municipal de Bogotá, responde a una acción de tutela presentada por el ciudadano Wilmar Bocanegra.

En el fallo se ordena a Abelardo De la Espriella y a su movimiento Defensores de la Patria cesar el uso de la camiseta, colores y emblemas de la Selección Colombia en actividades proselitistas. Porque, según esta jueza, la camiseta representa la unidad nacional y su utilización reiterada en plazas públicas, publicidad y redes sociales podría asociar el sentimiento de pertenencia al país con una candidatura específica. Además, el despacho considera que esa práctica puede afectar la igualdad, la no discriminación y la libertad de elegir y ser elegido.

El debate creció aún más porque, por un lado, pese al fallo, la campaña de De la Espriella rechazó la decisión y anunció que continuará utilizando la prenda tricolor; y, por el otro, la medida se conoce en momentos en los que el país vive una nueva fiebre futbolera. A lo anterior se suma que, horas después de la decisión judicial, tanto el presidente Gustavo Petro como el ministro de trabajo, Antonio Sanguino, fueron vistos utilizandola.

El candidato Abelardo De La Espriella advierte que desde la campaña del candidato Iván Cepeda estarían adelantando un plan con el que buscan desestabilizar la ciudad de Cali y que tiene pensado no reconocer los resultados de la segunda vuelta #VocesySonidos pic.twitter.com/qe7dlBp5ae

— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 9, 2026

¿Quién puede reclamar?

Para el abogado, experto en marcas comerciales, Antonio Batista, el debate tiene un problema jurídico de origen. “Primero hay que tener claro el escenario en el que se está dando esa discusión jurídica y es, dentro de un trámite de acción de tutela, mecanismo constitucional que está para proteger derechos fundamentales”, explicó a CONtexto.

El especialista recordó que los derechos asociados a la camiseta pertenecen a entidades privadas. “La camiseta de la Selección Colombia de Fútbol comprende signos distintivos que involucran a la Federación Colombiana de Fútbol y a Adidas. Serían esas dos entidades privadas las titulares para reclamar por un uso indebido o no autorizado de sus activos o sus marcas; y en todo caso el mecanismo no sería una acción de tutela”, afirmó.
Incluso, la propia Federación Colombiana de Fútbol se refirió al tema y señaló que no tiene facultades legales para impedir que cualquier ciudadano utilice una prenda adquirida de manera legítima.

Libertad de expresión Vs. intervención judicial

Por su parte, en entrevista para CONtexto, el abogado constitucionalista Germán Calderón España coincidió en que la medida es “un intento de censura que se impone sobre las libertades de expresión y opinión, el libre desarrollo de la personalidad y la participación política”. A su juicio, la actuación judicial “carece completamente de precedentes y de fundamentación lógica”, pues quien presentó la tutela no es titular de la marca ni tiene legitimidad para reclamar su protección.

Una posición similar expresó el abogado y columnista José Manuel Charry Urueta. “Para mí la juez está equivocada porque está tutelando una situación general y la tutela no es para eso”, sostuvo. Charry agregó que cualquier discusión relacionada con propaganda electoral debería ser evaluada por las autoridades electorales y no mediante una tutela que pretenda impedir que una persona utilice una prenda de vestir.

Así las cosas, mientras Abelardo De la Espriella asegura que seguirá usando la camiseta incluso si ello deriva en un incidente de desacato, y José Manuel Restrepo afirma que la utilizará “cuando se le dé la gana”, la controversia sigue creciendo. Al final de cuentas, la discusión ya no gira alrededor de una camiseta amarilla. El verdadero interrogante es otro: ¿dónde termina la libertad de expresión y dónde comienza la intervención judicial? Y más aún, ¿puede un juez limitar la forma en que un candidato decide vestirse durante una campaña electoral?