El escándalo de corrupción atraviesa uno de sus momentos más complejos. Decisiones judiciales recientes, errores procesales y el fracaso de acuerdos con la Fiscalía han permitido que varios de los principales implicados recuperen la libertad o dilaten sus procesos.

El caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), considerado uno de los mayores escándalos del Gobierno de Gustavo Petro, enfrenta hoy un escenario marcado por vencimientos de términos y decisiones judiciales que han debilitado el avance de los procesos contra varios de sus protagonistas.

En los últimos días se conoció que la exconsejera presidencial Sandra Ortiz recuperó la libertad luego de que un juez determinara que los términos judiciales vencieron sin que iniciara formalmente el juicio en su contra.

La decisión se suma a la situación del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien también quedó libre en medio de cuestionamientos por demoras procesales.

La Fiscalía ha recibido fuertes críticas por el manejo del expediente. Diversos sectores consideran que los errores en la estructuración de las acusaciones y la lentitud en las actuaciones terminaron favoreciendo a varios investigados en un caso que involucra contratos, presuntos sobornos y desvío de recursos destinados a emergencias nacionales.

De acuerdo con las investigaciones, el entramado habría servido para direccionar contratos y asegurar apoyos políticos en el Congreso mediante recursos de la UNGRD y del Invías.

La Fiscalía sostiene que se promovieron decenas de contratos que superarían los 600.000 millones de pesos.

El caso Olmedo López

Otro de los episodios que ha generado preocupación es el fracaso del preacuerdo entre la Fiscalía y el exdirector de la Ungrd, Olmedo López. El Tribunal Superior de Bogotá rechazó, en dos oportunidades, el acuerdo judicial que buscaba otorgarle beneficios a cambio de colaboración con la justicia.

Los magistrados consideraron que el documento no garantizaba una reparación clara a las víctimas ni establecía de manera suficiente cómo se devolverían los recursos comprometidos en el escándalo. El tribunal señaló que existían vacíos sustanciales en el pacto alcanzado con la Fiscalía.

Tras el hundimiento del preacuerdo, la Fiscalía anunció que López será llevado a juicio y que aceptará cargos mediante sentencia anticipada.

El exfuncionario se ha convertido en una de las piezas centrales del proceso por las declaraciones que ha entregado contra exministros, congresistas y altos funcionarios del Gobierno.

En medio de las investigaciones, López aseguró que existió una coordinación política para direccionar recursos públicos y favorecer intereses legislativos.

También señaló que varios funcionarios participaron en reuniones donde se definieron contratos y apoyos políticos.

Un proceso bajo presión

La complejidad del caso ha aumentado por las múltiples ramificaciones políticas y judiciales. Además de Sandra Ortiz, Ricardo Bonilla y Olmedo López, el expediente también involucra a congresistas, exfuncionarios y contratistas señalados de participar en la presunta red de corrupción.

La Fiscalía llamó recientemente a juicio a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, quienes insisten en su inocencia y niegan haber direccionado recursos públicos.

Durante las audiencias, Bonilla aseguró que las acusaciones se basan en interpretaciones erróneas y cuestionó la credibilidad de algunos testigos.

“Se ha entregado información imprecisa y errónea”, dijo el exministro al referirse a declaraciones que lo comprometen en el proceso.

Por su parte, Velasco rechazó cualquier posibilidad de negociación judicial y afirmó que las acusaciones carecen de sustento. “Uno no puede defenderse de insinuaciones que no se aterrizan en cosas reales”, señaló durante una de las diligencias.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso UNGRD continúa dejando dudas sobre la capacidad institucional para llevar a término uno de los expedientes de corrupción más delicados de los últimos años.

Las libertades por vencimiento de términos y los acuerdos fallidos han terminado por opacar un proceso que todavía busca esclarecer cómo se desviaron recursos destinados a atender emergencias y poblaciones vulnerables en el país.