El ente acusador citó a la gerente del Fondo de Adaptación para que amplíe sus recientes denuncias, lo que marca un giro judicial en este escándalo de la Casa de Nariño. Mientras la UIAF se aparta del caso y crecen las presiones políticas, Carlos Carrillo, de la UNGRD, contraataca y aduce que Rodríguez presentó pruebas falsas en su contra.

El escándalo desatado el pasado miércoles por Angie Rodríguez dejó de ser un episodio mediático para convertirse en un proceso con implicaciones judiciales. La exdirectora del Dapre, actual gerente del Fondo de Adaptación que denunció un presunto entramado de corrupción dentro del Gobierno, ahora deberá comparecer ante la Fiscalía General de la Nación para ampliar su declaración.

La decisión del ente acusador representa un punto de quiebre en el caso. Lo que comenzó como una serie de señalamientos públicos sobre presiones, amenazas y disputas por recursos en distintas dependencias del Gobierno, es ahora un expediente en Fiscalía. Rodríguez ha sostenido que detrás de sus denuncias existe una estructura integrada por al menos 20 personas, que, según su versión, buscan desplazarla para tomar control de recursos del Fondo de Adaptación, cuyo presupuesto supera el billón de pesos.

Fiscalía toma el caso

Con lo anterior, la Fiscalía General de la Nación busca ampliar detalles adicionales sobre los hechos denunciados, en especial los relacionados con presuntos episodios de extorsión. El proceso fue asignado a unidades especializadas, lo que evidencia la gravedad de las acusaciones.

No se trata de un único expediente. La exfuncionaria ha radicado varias denuncias, incluyendo señalamientos por falsedad documental y presiones indebidas. En sus declaraciones, ha afirmado que, incluso, tuvo que entregar dinero tras recibir amenazas, un elemento que ahora será clave dentro de la investigación.

En este contexto, también han surgido reacciones desde los funcionarios mencionados en el caso. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Unrgd), Carlos Carrillo, respondió a los señalamientos de Rodríguez y cuestionó la veracidad de las pruebas en su contra. “Esto lo tiene que evaluar la Fiscalía (...). No se tomaron el trabajo de fabricar una prueba escribiendo como escribo yo normalmente”, afirmó. Las declaraciones de Carrillo introducen un nuevo elemento en la controversia: la discusión sobre la autenticidad de las evidencias que circulan en medio del escándalo.

Carlos Carrillo, director de la UNGRD, se refirió a los chats presentados por Angie Rodríguez, exdirectora del DAPRE: "Esto lo tiene que evaluar la Fiscalía (...). No se tomaron el trabajo de fabricar una prueba escribiendo como escribo yo normalmente".

Vea la entrevista… pic.twitter.com/yAZwCdpHFV

— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 23, 2026

La UIAF se aparta y el Congreso reacciona

Mientras la Fiscalía avanza, otra entidad clave decidió no involucrarse. La Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, dejó claro que no adelanta ningún análisis financiero sobre Rodríguez ni participará en este tipo de controversias.
La entidad precisó que no existe reporte, alerta o información que vincule a la exfuncionaria con operaciones sospechosas y subrayó que no realiza investigaciones a solicitud de terceros ni interviene en coyunturas políticas.

En el escenario político, el representante por el Centro Democrático, Eduard Triana, solicitó un debate de control político que involucra al ministro de Educación, Daniel Rojas, y nuevamente a Carrillo. La citación busca esclarecer las irregularidades denunciadas, incluyendo el caso de presuntos títulos falsos relacionados con funcionarios del Gobierno, como en el caso de Juliana Guerrero, quien también resultó salpicada por Rodríguez como la persona que le hace la vida imposible en el Gobierno, y quien realmente amedranta con el poder que le habría otorgado el presidente Gustavo Petro.

Las acusaciones de Rodríguez, que también incluyen señalamientos sobre presuntos vínculos y presiones dentro de distintas entidades, han generando rechazo incluso por parte de quienes alguna vez fueron parte del proyecto progresista, lo que ha dividido las posiciones de la Izquierda dentro del Gobierno. En ese sentido, en entrevista a Contexto, la representante a la cámara, Jennifer Pedraza manifestó que: “Es lamentable… Esta no es la primera declaración que tenemos de alguien dentro del gobierno que sale a decir que es un ambiente laboral de lo peor, que hay violencia por todos lados y que están normalizadas prácticas inaceptables y no es la primera vez que esto ocurre”.

El caso entra así en una etapa decisiva. La Fiscalía avanza en la recolección de pruebas, el Congreso exige respuestas y los implicados comienzan a defenderse públicamente. Por ahora, no hay conclusiones definitivas. Pero lo cierto es que el escándalo ya dejó de ser una controversia política para convertirse en un asunto judicial en desarrollo, con múltiples frentes abiertos y un impacto que podría seguir creciendo en los próximos días.