La senadora María Fernanda Cabal advierte que el acuerdo anunciado por el dictador Nicolás Maduro, con el respaldo de Gustavo Petro, entrega la seguridad fronteriza al chavismo y amenaza con convertir la región en un bastión del crimen transnacional.

Colombia ha entrado en una peligrosa zona gris. Bajo el discurso de la “integración binacional”, el presidente Gustavo Petro y el dictador venezolano Nicolás Maduro firmaron lo que han denominado la “primera zona binacional de paz”, un acuerdo que, según denuncias de sectores políticos como el liderado por la líder opositora María Fernanda Cabal, implica una cesión encubierta de soberanía en los departamentos fronterizos de Norte de Santander, Cesar y La Guajira.

Lejos de ser un acto de cooperación, el pacto ha sido calificado por la congresista del Centro Democrático como una “claudicación”. En palabras contundentes, Cabal lanzó una alerta que debe encender todas las alarmas institucionales y ciudadanas:

“El pacto binacional entre Petro y Maduro no es cooperación: es claudicación. Es la entrega de nuestra frontera a un dictador señalado por crímenes de lesa humanidad, que convirtió a Venezuela en un santuario del narcotráfico y del crimen organizado”.

La senadora no se quedó ahí. Advirtió que este tipo de acuerdos no solo diluyen las competencias del Estado colombiano en su propio territorio, sino que le abren la puerta al Cartel de los Soles —estructura criminal vinculada a altos mandos militares venezolanos— para operar con impunidad en suelo colombiano:

“No permitiremos que Maduro meta sus manos en Colombia para expandir el cartel de los soles y proteger a sus aliados criminales. La seguridad nacional no se sacrifica por cálculos ideológicos”, sentenció.

¿Zona binacional o zona de influencia chavista?

El acuerdo, según lo revelado por Nicolás Maduro el pasado jueves 17 de julio, incluye la creación de una franja territorial conjunta que abarcará, del lado venezolano, los estados Táchira y Zulia, y del lado colombiano, los departamentos de La Guajira, Cesar y Norte de Santander. Maduro detalló que ya existe un memorando de entendimiento firmado con el Gobierno de Petro, y que la propuesta busca convertirse en un modelo de “zona de paz”.

“El objetivo es la integración comercial, la inversión, el desarrollo agrícola, la sustitución de cultivos ilícitos por proyectos de producción alimentaria”, afirmó Maduro desde Caracas. También aseguró que se realizarán planes binacionales en salud, educación y cultura, y que habrá coordinación entre autoridades civiles, policías y militares.

Pero la pregunta de fondo que hace la senadora Cabal —y que hoy ronda en el pensamiento de miles de ciudadanos— es: ¿A cambio de qué?

El riesgo de un Estado paralelo en la frontera

El contenido y la puesta en marcha de este acuerdo abre serias inquietudes. En primer lugar, no ha sido socializado con el Congreso de la República, lo que vulnera los principios de transparencia y control político. En segundo lugar, genera un vacío de soberanía, al establecer una figura de cogobierno territorial con un régimen autoritario extranjero, sin que se conozca en detalle el marco legal ni las garantías para los ciudadanos colombianos que habitan en esas zonas.

No es un secreto que muchas de las rutas del narcotráfico y la minería ilegal que azotan el oriente colombiano tienen conexión directa con el lado venezolano. En lugar de fortalecer la presencia institucional, este tipo de pactos pueden terminar consolidando redes de criminalidad binacional, protegidas por la impunidad y el silencio oficial.

Alfredo Saade y la sombra de la reelección

Aún más preocupante resulta el hecho de que este pacto binacional cuente con el respaldo del jefe de gabinete de Petro, Alfredo Saade, quien en semanas recientes ha protagonizado polémicas por sus declaraciones sobre una eventual reelección presidencial y su discurso hostil contra el periodismo libre. Su participación en este memorando no es menor: se trata de una figura que, lejos de inspirar confianza institucional, ha demostrado afinidad con modelos autoritarios.

¿Un pacto que vulnera la Constitución?

La senadora María Fernanda Cabal ha sido una de las pocas voces que se ha atrevido a denunciar lo que podría ser el inicio de una política de sometimiento ideológico. Su llamado no es exagerado: entregar el control de zonas estratégicas a un régimen sancionado internacionalmente, señalado por violaciones sistemáticas de derechos humanos, representa una amenaza directa a la seguridad nacional.

El pueblo colombiano debe preguntarse con urgencia:

• ¿Estamos frente a una cesión encubierta de soberanía?
• ¿Quién controla la seguridad y el orden público en esta “zona binacional”?
• ¿Qué garantías hay de que el crimen transnacional no se consolide bajo el manto de este acuerdo?

Colombia merece respuestas, no más imposiciones disfrazadas de integración. Mientras el Gobierno de Gustavo Petro juega a ser el aliado geopolítico del chavismo, la frontera arde, las comunidades viven bajo el miedo, y la institucionalidad se desvanece a pasos agigantados.

Esta no es una simple cooperación internacional. Es un atentado contra la soberanía. Y si el país no reacciona ahora, pronto será demasiado tarde.