Los hechos ocurridos en Norte de Santander, Antioquia y Cauca profundizan las alertas sobre orden público en distintas regiones del país. El incremento con respecto a 2025 supera el 133% en eventos violentos y el 201% en víctimas.

La camioneta adscrita a la Unidad Nacional de Protección avanzaba por la vía entre Ocaña y Ábrego, Norte de Santander, cuando hombres armados la interceptaron y dispararon en repetidas ocasiones. Era el martes 19 de mayo. En el vehículo viajaba Freiman David Velásquez, líder social de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), junto con integrantes de su esquema de seguridad y acompañantes. Ninguno sobrevivió.

El ataque ocurrido en zona rural de Ábrego no solo dejó seis víctimas fatales, también terminó convirtiéndose en el símbolo más reciente de una tendencia que preocupa cada vez más en Colombia relacionada con el crecimiento acelerado de las masacres, el asesinato de líderes sociales y el debilitamiento de las condiciones de seguridad en territorios donde persiste la presencia de estructuras armadas ilegales.

Los hechos registrados durante el pasado fin de semana en Marinilla, Antioquia, y Santander de Quilichao, Cauca, reforzaron esa percepción.

Entre los tres casos fueron asesinadas 13 personas. Para diversos sectores, las cifras muestran que 2026 podría convertirse en uno de los años más críticos de la última década en materia de violencia colectiva.

Los números respaldan la preocupación. Según Indepaz, y como hemos insistido en CONtexto durante los primeros cinco meses del año se contabilizan 56 masacres con 229 víctimas fatales. Y es que en el mismo periodo del año anterior se registraban 24 hechos y 74 personas asesinadas. El incremento supera el 133% en eventos violentos y el 201% en víctimas.

Las estadísticas oficiales también reflejan un aumento sostenido. Datos del Ministerio de Defensa indican que entre enero y marzo de 2026 se reportaron 30 casos y 94 víctimas, frente a 21 eventos y 71 víctimas del mismo periodo de 2025.

Las cifras alimentan cuestionamientos sobre la efectividad de los mecanismos institucionales de prevención y protección, particularmente en regiones donde las alertas sobre presencia armada y riesgo para la población civil habían sido emitidas con anterioridad. (Lea en CONtexto ganadero: En Colombia se registran 236 muertos por masacres solo en los últimos cinco meses)

Advertencia divulgada

Freiman David Velásquez no era un dirigente desconocido para las autoridades. Según información divulgada por Indepaz, había recibido amenazas y sufrido hechos violentos previos relacionados con la presencia de actores armados ilegales.

Meses atrás, hombres armados interceptaron el vehículo en el que se movilizaba junto a su esquema de seguridad en la vía Cúcuta-El Tarra.

La Defensoría del Pueblo había emitido alertas tempranas sobre riesgos extraordinarios en la zona. Los documentos advertían posibles confrontaciones entre el ELN, disidencias del Frente 33 y otras estructuras armadas asociadas con expansión territorial, confrontación armada y control ilegal.

Las advertencias también señalaban amenazas contra líderes sociales, firmantes de paz y comunidades civiles.

Rechazo institucional

La Gobernación de Norte de Santander, encabezada por William Villamizar Laguado, manifestó “profundo dolor, indignación y rechazo absoluto” por el homicidio de las seis personas ocurrido en la vía entre Ábrego y Ocaña.

La administración departamental condenó el asesinato de Freiman David Velásquez Benítez, Iván Stiven Camacho Castillo, Mayerlis Yoselin Hernández Ramírez, Yidy Smith Velásquez Benítez y los escoltas Robinson Carvajalino y Sebastián Murillo.

Desde Indepaz, su director Leonardo González Perafán escribió en X: “Con la mano liberan 7 secuestrados en Arauca y con el codo cometen masacre y matan líder en Norte de Santander. Con ustedes: el ELN”.

La senadora María Fernanda Cabal también cuestionó al Gobierno nacional mediante redes sociales y afirmó que los hechos violentos evidencian falta de atención frente a las víctimas.

En la misma línea, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, aseguró que existe un crecimiento de ataques contra fuerza pública, líderes sociales y población civil, y pidió acciones urgentes frente a organizaciones ilegales. (Lea en CONtexto ganadero: Las cifras del horror: Colombia sumó 51 masacres y 54 líderes asesinados en 2026)

Mientras aumentan los cuestionamientos alrededor de la estrategia de seguridad y los mecanismos de protección, las cifras muestran que Colombia enfrenta una escalada de violencia que vuelve a poner a prueba la capacidad institucional para proteger la vida en los territorios.