Miguel Peñaloza relata la difícil situación que enfrenta su familia tras la invasión de ‘La justicia’, una finca ganadera en el municipio de Plato, un caso que refleja la zozobra y preocupación que sienten actualmente los productores rurales por la pérdida de control sobre sus predios. Este viernes 29 de mayo se realizará un encuentro de acompañamiento que busca visibilizar la situación y pedir una respuesta institucional.

En Plato, Magdalena, una finca ganadera con más de medio siglo de historia familiar hoy se convirtió en el centro de una disputa que refleja la dificultad de los productores para proteger sus tierras y recuperar predios invadidos pese a tener documentación, impuestos y propiedad en regla.

Mientras las autoridades avanzan lentamente en los procedimientos, el número de ocupantes ilegales sigue creciendo y la incertidumbre aumenta para la familia propietaria.

La situación ocurre en la finca ‘La Justicia’, predio perteneciente a la familia de Miguel Peñaloza, productor ganadero que desde hace cerca de diez días enfrenta la ocupación de aproximadamente 30 hectáreas ubicadas en cercanías del casco urbano de Plato.

Aunque el caso parece local, productores del Caribe colombiano advierten que este tipo de episodios comienza a repetirse con más frecuencia en distintas zonas rurales del país.

La preocupación no se limita únicamente a la invasión reciente, pues el trasfondo del conflicto revela años de deterioro económico, pérdida de capacidad productiva y dificultades para ejercer control sobre terrenos rurales que quedaron expuestos tras grandes obras de infraestructura y un crecimiento urbano desordenado. (Lea en CONtexto ganadero: Dos invasiones el mismo día: crece la tensión en el campo colombiano)

Para muchos ganaderos, el temor principal radica en que las invasiones avancen más rápido que la capacidad institucional. “La propiedad privada es un derecho que tenemos nosotros los colombianos y hay que hacerla respetar”, afirmó Peñaloza a CONtexto, al describir el drama que vive junto a su familia.

Historia dividida

‘La Justicia’ había sido utilizada históricamente para actividades ganaderas. Sin embargo, hace cerca de dos años la construcción de la Ruta del Sol atravesó el predio y dejó aislado un lote de aproximadamente 30 hectáreas del lado más cercano al municipio.

Desde entonces, comenzaron los problemas. Según Peñaloza, las cercas eran destruidas constantemente, se robaban alambres y madrinas, y el predio empezó a convertirse en un punto vulnerable para arrojo de basura y ocupaciones informales.

“Todo lo que hacemos ahí lo parten, lo revientan, se lo roban”, relató con angustia el productor.

La situación obligó a suspender el uso ganadero en esa parte de la finca. Los animales ya no podían mantenerse allí porque constantemente escapaban hacia la zona urbana debido al deterioro de los cerramientos. Esa falta de ocupación con animales sobre el terreno terminó abriendo la puerta a la invasión actual.

¿Qué pasa hoy?

Peñaloza aseguró que desde las primeras horas posteriores a la ocupación acudieron a las autoridades competentes y agotaron las vías legales disponibles.

Según relata, hubo acompañamiento de Policía, Ejército, Secretaría de Gobierno e, incluso, reuniones con las personas que permanecen dentro del predio.

Sin embargo, la solución todavía no llega. “Ellos siguen ahí, no han salido y cada vez llega más gente”, afirmó.

En medio de los intentos por evitar confrontaciones, el productor aceptó realizar labores de limpieza dentro del terreno utilizando maquinaria pesada, luego de compromisos adquiridos en reuniones con los ocupantes y autoridades locales.

Pero el temor sigue creciendo. La familia observa cómo el terreno empieza a ser dividido informalmente mientras aumentan las construcciones improvisadas y las quemas dentro del lote.

El caso evidencia un impacto económico acumulado durante años, pues la finca perdió capacidad productiva desde la fragmentación ocasionada por la carretera y hoy buena parte de esas tierras ya no pueden utilizarse para la actividad ganadera.

“Desde esa época no hemos podido usarla con ganadería, que es nuestra forma de subsistencia”, explicó Peñaloza.(Lea en CONtexto ganadero: “Casi 150 personas invadieron mis tierras”: drama de un ganadero en Cesar que refleja la inseguridad rural)

La preocupación también tiene un componente humano, por eso el productor reconoció que la situación ha golpeado la tranquilidad de toda su familia, especialmente por tratarse de una propiedad heredada que perteneció durante décadas a su suegro y que representa parte importante de su patrimonio.

Este caso reabre una discusión sensible para el sector rural colombiano relacionado con la percepción de debilitamiento institucional frente a conflictos relacionados con la propiedad privada y la seguridad jurídica en el campo.

Peñaloza aseguró que muchos productores comienzan a sentirse desprotegidos frente a este tipo de situaciones. “Cada vez son mayores los problemas que tenemos con las invasiones y la afectación a la propiedad privada”, advirtió.

Mientras espera una solución definitiva, el productor insistió en que no busca confrontaciones, pero sí garantías para recuperar su tierra y evitar que episodios similares continúen extendiéndose en otras regiones ganaderas del país.

Finalmente, en medio de la situación, Fedegán-FNG y los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz comenzaron a acompañar a la familia Peñaloza en el proceso para buscar el desalojo del predio y exigir garantías sobre la propiedad privada rural.

El gremio ganadero, por su parte, convocó a productores, autoridades y comunidad en general a un encuentro de acompañamiento y apoyo la familia Peñaloza, programado para este viernes 29 de mayo en el sector de La Pollera Colorá, en Plato, Magdalena, con el objetivo de visibilizar la situación y pedir una respuesta institucional frente a las invasiones de tierras en la región.