El recrudecimiento de la violencia revive los fantasmas de hace 3 décadas, cuando el control territorial estaba en manos de grupos armados ilegales. Masacres, extorsiones, desplazamientos y el fortalecimiento de estructuras criminales marcan el pulso de un país que parece repetir los errores del pasado. Pero ¿qué tan cierta es la comparación?

Colombia ha sido, históricamente, un territorio marcado por la violencia. Desde mediados del siglo XX, el campo ha sido escenario de múltiples conflictos armados protagonizados por guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y bandas criminales. Aunque el acuerdo de paz de 2016 abrió una ventana de esperanza, esa puerta parece haberse vuelto a cerrar para muchas regiones.

El retorno de masacres, asesinatos selectivos de líderes sociales y control armado de territorios por grupos ilegales como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, ha puesto en alerta a sectores rurales donde hoy impera un vacío institucional.

Según el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, con corte al 31 de mayo de 2025, a nivel nacional se han registrado 26 masacres, dejando como saldo 80 víctimas mortales. El mismo organismo ha documentado 1.557 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, este registro se ha evidenciado desde la firma del acuerdo hasta 2025.

Una geografía del conflicto que se concentra en regiones como el Cauca, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, el sur del Cesar y el Bajo Cauca antioqueño.

La diferencia con los años 90, sin embargo, radica en la fragmentación de los actores armados. A diferencia de las FARC o los bloques paramilitares con mandos únicos, hoy el crimen organizado opera de manera más difusa y menos predecible, dificultando cualquier intento de control estatal. La consecuencia es una ruralidad atrapada entre la presencia armada y la ausencia del Estado.

Guerra en tiempos de paz

Aunque la llamada “Paz Total” fue una de las banderas del actual Gobierno, los resultados en materia de seguridad distan mucho de lo esperado. Las negociaciones con grupos ilegales se han visto afectadas por la falta de claridad en las condiciones, pausas unilaterales y desacuerdos sobre los términos del cese al fuego, mientras el país presencia una escalada violenta que parece contradictoria con el discurso oficial.

Julio César Henríquez Toro, abogado y doctor en Ciencias Políticas, señala que “la situación actual de Colombia requiere un cambio de actitud por parte del Gobierno Nacional, en cuanto a la gestión estratégica de la seguridad”.

Para el experto, no se trata solo de una crisis militar, sino también política y comunicacional: “El lenguaje combativo de los últimos meses contrasta con la iniciativa de acuerdo nacional con la que empezó el gobierno y que resultó ser efectiva durante los primeros meses del período de Gustavo Petro”.

Henríquez también advierte que si bien la historia no se repite exactamente, hay síntomas preocupantes: “Esta situación se distingue de lo ocurrido a finales del siglo XX, por la diversidad de actores y por el tipo de escalada, que pretende generar terror e incidir en las elecciones del próximo año”. La violencia, afirma, desestimula la participación política y ahoga el surgimiento de nuevos liderazgos rurales.

¿Repetir el pasado?

Uno de los principales desafíos para evitar un retorno a los escenarios más oscuros del pasado es fortalecer la presencia institucional en el campo. No basta con enviar tropas; se requiere una estrategia integral que incluya inversión social, educación, salud, justicia y acceso a oportunidades productivas para los campesinos.

“Se necesita reforzar los planes de prevención del delito y la presencia real de la fuerza pública en los sectores más afectados por la alteración del orden público”, recalca Henríquez. Y agrega: “Unir al país es la principal función del Ejecutivo, evitando la polarización y el lenguaje de odio que es generador de violencia verbal y física”.

La inestabilidad dentro del gabinete presidencial y la falta de una agenda clara también afectan la toma de decisiones. La sensación de desorden y conflicto permanente entre poderes del Estado debilita la gobernabilidad y da pie al avance del crimen organizado en los territorios. El llamado del experto es claro: “Se requiere mucha disposición a escuchar, conciliar, unir, resolver y atender a los actores sociales y políticos, en lugar de profundizar la división social del país”.

Reflexión final

Colombia no está condenada a repetir su historia, pero sí corre el riesgo de no aprender de ella. Los titulares rojos que antes parecían relegados al pasado vuelven a copar la agenda noticiosa, especialmente en las zonas rurales. Es allí donde se define el verdadero rostro del país: en el campo, donde habitan los productores, campesinos y comunidades indígenas, y donde el Estado no puede seguir brillando por su ausencia.

El desafío es enorme, pero también lo es la urgencia de actuar. Porque en esta Colombia rural del 2025, el miedo no puede volver a ser el pan de cada día.

La paz cocal de Petro. Se registró esta mañana otro atentado con explosivos en Buenaventura, sobre la Autopista Simón Bolivar.

La seguridad no se puede negociar. pic.twitter.com/FlcwnNL1f3

— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) June 12, 2025