En Quindío, una ganadera de pequeña escala pasó de ver su predio tasado en poco más de 100 millones de pesos a enfrentar incrementos que, según advirtió, podrían llevar su pago anual hasta los 20 millones. Su caso, como el de cientos de propietarios, refleja una controversia que mezcla normas, cobros crecientes y un riesgo mayor: sacar de la actividad a quienes sostienen buena parte de la producción agropecuaria.

En Montenegro, Quindío, el aumento del avalúo catastral rural dejó de ser un asunto técnico para convertirse en una amenaza concreta sobre la continuidad productiva de una finca ganadera de 16 cuadras.

Fina Madrazo, productora de la zona, explicó que el problema que hoy comparten muchos pequeños y medianos propietarios del campo es que “la cuenta no da”. (Lea en CONtexto ganadero: Ganaderos se levantan contra tarifas prediales desproporcionadas)

El alza, dijo, no solo disparó la base sobre la cual se liquida el impuesto predial, sino que abrió la posibilidad de que, con el paso de los años, el cobro llegue a niveles imposibles de sostener para una explotación de engorde que vive de márgenes ajustados.

Madrazo contó a CONtexto que su predio fue valorado, primero, en poco más de 100 millones de pesos. Luego pasó a más de 800 millones y, más recientemente, a 2.800 millones. El recibo de este año, aseguró, ronda los 3 millones de pesos, una cifra alta pero todavía pagable con esfuerzo.

Lo que la inquieta, no es solo el presente, sino la progresión del cobro. Según su lectura de la norma, el tope anual modera temporalmente el incremento del predial, pero no elimina el problema de fondo: la carga seguirá creciendo hasta reflejar el nuevo valor catastral pleno.

Ese escenario ha golpeado la planeación familiar y productiva. “Parece que le están forzando a uno a vender la propiedad”, expuso.

En su caso, la finca dejó atrás cultivos como plátano y aguacate por la dificultad de conseguir mano de obra constante y migró hacia la ganadería como una actividad que ella y su esposo pueden sostener por sí mismos.

Cambiar potreros, manejar agua, sal y sanidad básica les ha permitido mantenerse. Pero el nuevo costo fiscal amenaza con romper ese equilibrio.

Cobros vs realidad

La paradoja, aseguró, es que el avalúo parece responder más a la cercanía con un corredor turístico que a las condiciones reales del predio.

Su finca está ubicada cerca al Parque del Café, pero carece de varios servicios básicos: no tiene agua potable, no cuenta con internet por cable, tiene las vías de acceso deterioradas y el manejo de aguas residuales corre por cuenta de los propietarios. “Me están cobrando por vivir en un estrato 7”, manifestó.

Como presidenta de la junta de acción comunal de su vereda, Madrazo indicó que el malestar es masivo. Afirmó recibir llamadas de vecinos dedicados al café, al plátano, al turismo rural y a pequeñas explotaciones pecuarias, todos enfrentan una situación similar. (Lea en CONtexto ganadero: Avalúos disparados: Fedegán denuncia aumentos de hasta 1000 % y pide reunión con IGAC)

Discusión jurídica

Para Miguel Ángel Lacouture, abogado, ganadero y analista del sector, el debate no se agota en la inconformidad por el monto. Según detalló, el fundamento legal del ajuste está en el artículo 49 de la Ley 2294 de 2023, que autorizó un ajuste masivo de avalúos rurales con rezagos catastrales.

Sin embargo, sostuvo que el problema surge cuando ese ajuste general no se acompaña de forma correcta por la incorporación individual de los avalúos predio por predio.

Lacouture consideró que allí puede estar una de las principales controversias jurídicas. En su opinión, se están haciendo cobros sin que se surta de manera adecuada todo el proceso administrativo. También cuestionó el criterio técnico de fondo: dice que la actualización no miró la productividad real de cada unidad económica y terminó aplicando parámetros generales sobre predios con capacidades muy distintas.

El académico advirtió, además, que el problema no termina en el recibo del predial. El aumento del avalúo catastral puede convertirse en una cadena de efectos fiscales que termina golpeando, con mayor dureza, a los productores de menor tamaño.

Explicó que, al elevarse el valor patrimonial de los predios, muchos propietarios rurales podrían quedar expuestos a nuevas obligaciones tributarias, entre ellas la declaración de renta, aun cuando su flujo de caja no haya mejorado.

Desde su lectura jurídica, el abogado insistió en que la controversia debe enfocarse en la base misma del proceso y no únicamente en los cobros individuales que están llegando a los propietarios.

Consideró que si el ajuste masivo no cumplió de forma completa con la incorporación individual de cada avalúo, allí habría un flanco clave para la discusión en los tribunales.

Por eso planteó que la reacción del sector no debería limitarse al reclamo administrativo, sino avanzar hacia acciones judiciales de fondo que permitan tumbar el soporte del incremento.