La historia de Carlos Mario Escobar, ganadero en Córdoba, revela cómo la inseguridad jurídica en el campo colombiano pone en riesgo décadas de trabajo y la productividad de predios legalmente constituidos. Cada proceso electoral coincide con una nueva invasión en su hacienda. La institucionalidad brilla por su ausencia mientras los daños se acumulan.

El pasado domingo 18 de enero, en horas de la noche, cerca de 300 personas ingresaron sin autorización a la hacienda La Rochela, ubicada en el municipio de Puerto Libertador, Córdoba. (Lea en CONtexto ganadero: Invasiones a predios ganaderos sin freno y el Gobierno en silencio: ¿dónde están las autoridades?)

La finca, con más de 30 años de historia y tradición ganadera, propiedad del señor Carlos Mario Escobar Botero, vivió su tercera invasión en menos de tres años. La coincidencia de estos hechos con las contiendas electorales ha dejado a su propietario con más preguntas que respuestas.

Carlos Mario, quien también administra la hacienda, no dudó en señalar un patrón, “siempre es en época electoral que nos invaden. Es como si esto fuera parte de un libreto que se repite”.

Pese a contar con todos los documentos en regla y haber adquirido el terreno de manera completamente legal, el productor no se siente protegido por las autoridades.

La primera ocupación ocurrió hace tres años. En ese momento, Escobar recurrió al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), con la esperanza de que la intervención restaurara la legalidad. Sin embargo, la respuesta fue ineficaz. “Fue un gasto inoficioso. Nos tocó darles comida, hospedaje y transporte, y al final no pudieron hacer nada. Solo se quedaron parados”, expuso.

La segunda vez, con algo más de experiencia, logró que la policía actuara con prontitud, pero en esta última ocasión, a pesar de presentar denuncias ante todas las instancias, como la personería, alcaldía, procuraduría, inspección y estación de policía, nadie respondió.

En sus palabras, “nadie nos llamó, nadie nos contactó. La única presencia oficial fue la del alcalde, ya cuando los ocupantes estaban saliendo”.

Impacto en producción

La Rochela es una finca de doble propósito, con actividad ganadera y un proyecto de urbanización legal. Por eso, las consecuencias de las invasiones sobre su productividad son palpables.

“Dejan huecos en los potreros donde pasta el ganado, estacas que pueden fracturar patas, basura y plásticos que los animales podrían ingerir. Además, rompen los alambres y se corre el riesgo de que se salgan a la carretera”, denunció Escobar.

Los perjuicios no terminan ahí, pues los árboles son talados sin ningún control, los pastos dañados, y tras la retirada de los invasores, es el propietario quien debe asumir los costos de limpieza, restauración de cercas y rehabilitación del terreno.

Silencio institucional

Una de las mayores indignaciones del ganadero es la indiferencia de las autoridades frente a los daños. “Nadie sale a decir ‘nosotros le respondemos’. Todo lo tenemos que pagar nosotros. Y si uno actúa por la fuerza, ¿entonces quién responde si algo pasa? Por eso solo queda pedirle mucho a Dios que no vuelvan a invadir”, afirmó Escobar.

Lo más preocupante para Escobar es que estas invasiones no parecen responder a conflictos históricos de tierras, sino a presiones políticas y promesas incumplidas. “Los invasores dicen que el alcalde les quedó mal con terrenos. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, pero somos los perjudicados”, aclaró.

Más allá del caso particular de La Rochela, lo que se evidencia es la fragilidad institucional para garantizar la seguridad jurídica de los productores rurales. La falta de respuesta efectiva, sumada a la frecuencia con que se repite el fenómeno, deja a los ganaderos en una situación de indefensión.

Escobar concluyó, “no es justo que nos quiten lo que hemos trabajado con tanto esfuerzo. Le pedimos a la alcaldía, la gobernación y al presidente, que nos miren, que nos ayuden. Esto ya es muy preocupante”. (Lea en CONtexto ganadero: Invasión de tierras en Sabana de Torres: 80 personas ocuparon predio ganadero durante 45 horas)