Una encuesta realizada por Fedegán expone focos críticos de inseguridad en municipios clave del Valle. Aunque la mayoría de las zonas rurales gozan de relativa tranquilidad, existen focos críticos donde la delincuencia organizada ataca con fuerza. San Pedro, Palmira y Candelaria encabezan la lista de municipios afectados, evidenciando la necesidad de acciones por parte del Estado para proteger al sector ganadero.

Más de 150 incidentes de inseguridad fueron reportados en las zonas del Valle del Cauca hasta noviembre de 2024, revelando un preocupante panorama para algunos municipios tradicionalmente ganaderos. (Lea en CONtexto ganadero: Cesar y La Guajira bajo fuego: la ilegalidad y el terror se apoderan de las carreteras y el campo)

Aunque el 98,6 % de los habitantes afirmó no haber sido víctima de delitos, veredas como Belén, El Tiple y Navarro concentran casos de extorsión, abigeato y hurto, exponiendo una amenaza latente para la economía rural y la seguridad alimentaria de la región.

La imagen de las veredas ganaderas del Valle del Cauca contrasta con una realidad que va en aumento. Datos procesados en la encuesta de seguridad rural realizada por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), mostraron que San Pedro, Santiago de Cali, Palmira, Candelaria y Tuluá son los cinco municipios con mayor número de reportes delictivos. En conjunto, suman 76 casos, con la extorsión como el delito más frecuente.

San Pedro, el municipio más afectado con 29 incidentes, tiene en su vereda Belén el mayor foco de inseguridad con 7 casos de extorsión y abigeato. En Palmira, la vereda Combia registró 4 denuncias de extorsión, mientras que en Candelaria, El Tiple acumuló 5 reportes entre hurto, carneo y extorsión.

Según Fernando Murillo, líder de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz impulsados por Fedegán, “los delitos que más golpean al sector ganadero en el Valle del Cauca son la extorsión, el abigeato y el hurto, por ese orden. Esta información es clave para orientar las acciones de las autoridades nacionales hacia una respuesta más focalizada y efectiva”.

La paradoja radica en que, pese a estos focos críticos, la gran mayoría de los encuestados (10.795 personas) aseguraron no haber sido víctima de ningún delito. (Lea en CONtexto ganadero: Cadáveres marcados y cinturones bomba: la violencia sin freno que vive el campo colombiano)

Lo anterior sugiere una distribución desigual de la criminalidad rural, donde ciertos puntos se convierten en blancos recurrentes de redes delictivas, mientras otras zonas permanecen relativamente seguras.

Estos ataques afectan no solo la tranquilidad de los ganaderos, sino también su estabilidad económica. El abigeato, por ejemplo, implica la pérdida directa de capital productivo, mientras que la extorsión representa un costo permanente para quienes intentan sostener su actividad en medio de amenazas constantes.

La información procesada abarcan 41 municipios, una ciudad capital y 862 veredas, y plantea que no basta con cifras globales alentadoras si hay comunidades enteras que viven bajo el asedio de la delincuencia.

Finalmente, el abandono progresivo del campo, la pérdida de productividad ganadera y la expansión del delito hacia zonas antes pacíficas pueden afectar la economía y sostenimiento de la región.