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Una intervención coordinada por autoridades civiles y policiales devolvió una finca a su propietario en La Marchena. El procedimiento dejó detenidos con historial delictivo y reabre el debate sobre invasiones, seguridad jurídica y estabilidad para la producción pecuaria en el Cesar.
El 24 de febrero de 2026, en la vereda La Marchena, zona rural de Becerril (Cesar), autoridades municipales y fuerza pública ejecutaron una orden administrativa que buscaba devolver un predio a su legítimo dueño. (Lea en CONtexto ganadero: Cuando la finca se vuelve trinchera: invasiones, política y vacío de autoridad)
La actuación terminó con siete personas detenidas por fraude a resolución judicial, luego de que se presentara resistencia física al procedimiento. La medida, respaldada por distintas dependencias locales, se convirtió en un nuevo episodio dentro de la discusión sobre control territorial, protección a la propiedad privada y condiciones para la actividad ganadera.
La diligencia se realizó en cumplimiento del proceso policivo Rad. 2026-01-003, liderado por el inspector central de Policía, Rafael Díaz, y contó con la presencia de la Personería, la Comisaría de Familia, la Secretaría de Salud y el propietario del inmueble, José Avilez.
El objetivo era restablecer el statu quo y garantizar el derecho de dominio sobre la finca conocida como La Marchena o Marchenita. Según el reporte oficial, la actuación se ajustó a los protocolos vigentes y respondió a una solicitud formal de restitución.
Durante la intervención, los ocupantes del predio se opusieron de manera activa, lo que obligó a las autoridades emplear de manera proporcional y racional la fuerza para asegurar el cumplimiento de la orden.
Como resultado, los siete individuos fueron capturados y puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de fraude a resolución judicial o administrativa de policía, contemplado en el artículo 454 del Código Penal.
Así está la seguridad
De acuerdo con el coronel William Javier Morales Vargas, comandante de la Policía del Cesar, cinco de los detenidos presentan anotaciones judiciales previas. Entre los antecedentes figuran delitos como lesiones personales, fuga de presos, hurto calificado y agravado, así como fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.
Uno de los casos corresponde a una mujer que ya había sido capturada por hechos similares en el departamento del Chocó, lo que, según la institución, evidencia reincidencia en este tipo de conductas.
Las capturas se produjeron en medio de un ambiente de tensión creciente, pues la resistencia física a la actuación administrativa obligó a reforzar la presencia policial para evitar alteraciones mayores del orden público en la zona rural.
En paralelo, el coronel Germán Gómez Aranguren informó sobre otro operativo adelantado en coordinación con la Policía de Carabineros en el municipio de La Paz, donde fueron capturadas tres personas señaladas de hurto en modalidad de abigeato.
Este resultado, explicó, hace parte de un proceso de judicialización que venía desarrollándose para frenar el robo de ganado, delito que afecta directamente la rentabilidad del sector pecuario.
Para el general (r) Fernando Murillo, líder de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz, el operativo en Becerril demuestra que las instituciones deben actuar con firmeza frente a las ocupaciones ilegales. Su postura se centra en que la recuperación de predios invadidos es fundamental para proteger la inversión rural, garantizar la producción y enviar un mensaje de autoridad en el territorio.
En regiones con vocación ganadera, la incertidumbre sobre la tenencia de la tierra representa un riesgo económico significativo. Cada invasión no resuelta puede traducirse en pérdida de productividad, interrupción de ciclos pecuarios y desconfianza para nuevos proyectos de inversión.
El restablecimiento del dominio no solo tiene implicaciones jurídicas. También impacta la estabilidad laboral de trabajadores rurales, la cadena de suministro de carne y leche y la percepción de seguridad en el campo.
La coordinación interinstitucional observada en La Marchena, con presencia de autoridades civiles, sanitarias y policiales, busca precisamente evitar que estos conflictos escalen y se conviertan en focos de violencia prolongada. (Lea en CONtexto ganadero: Cuatreros se llevaron 90 reses de una finca entre La Unión y Caimito en Sucre)
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/?w=256&q=100 "invasión de tierras de manera ilegales")
