Presiones armadas, restricciones de movilidad, compra de votos y posibles mecanismos de coerción encendieron las alarmas sobre las garantías democráticas de cara al 31 de mayo. Un análisis sobre riesgos electorales advierte que miles de sufragios podrían verse afectados en territorios donde la institucionalidad enfrenta dificultades.

A pocos días de una nueva jornada presidencial, una pregunta comienza a ganar fuerza en medio del debate político nacional: ¿todos los colombianos podrán salir a votar con plena libertad este 31 de mayo?

La preocupación no surge únicamente por el ambiente electoral propio de una contienda reñida. También responde a señales que están apareciendo en distintas regiones del país y que ponen sobre la mesa un tema sensible para cualquier democracia relacionada con la capacidad real de los ciudadanos para ejercer el voto sin miedo, presiones o interferencias ilegales.

La alerta cobra relevancia especialmente en zonas donde históricamente la presencia estatal ha sido más débil y en las que grupos armados ilegales y estructuras criminales mantienen capacidad de presión territorial.

Ese escenario es precisamente el que preocupa al Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), organización que viene realizando seguimiento a riesgos electorales y cuyos hallazgos advierten posibles afectaciones sobre las garantías democráticas en las elecciones presidenciales de 2026

Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del ICP, aseguró a CONtexto que el análisis realizado identificó patrones que podrían estar mostrando interferencia criminal en el comportamiento electoral.

“Encontramos que en territorios con presencia de grupos criminales al menos 327.000 votos se identifican en puestos de votación con señales atípicas”, explicó.

Según detalló, se trata de puestos donde aparecen comportamientos estadísticamente inusuales como participación superior al 90% de los habilitados para votar o inferior al 15%, concentración extraordinaria de votos en un solo candidato o resultados significativamente diferentes frente a tendencias observadas en otras regiones.

A eso se suma otro elemento que genera preocupación. “Registramos 103 puestos de votación donde el voto en blanco o nulo fue mayoritario de manera atípica”, indicó.

La coincidencia, según el investigador, es que esos territorios presentan presencia de grupos criminales y denuncias ciudadanas relacionadas con mecanismos de presión.

“Hay reportes sobre constreñimiento para que las personas voten de determinada manera, restricciones, exigencia de certificados electorales, mensajes vía WhatsApp y limitaciones para que algunas campañas políticas hagan presencia”, afirmó. (Lea en CONtexto ganadero: Fuerza militar está en jaque por aumento de ataques con drones explosivos)

Miedo como factor electoral

Para Chacón, la forma en que operan las presiones ha cambiado. “Ya no necesariamente interesa impedir que existan elecciones o atacar puestos de votación. Lo que buscan es que las personas voten bajo presión en determinado sentido”, señaló.

El impacto no se limitaría, únicamente, al resultado electoral. También comprometería la percepción de legitimidad institucional.

“En esos territorios la legitimidad queda comprometida porque la gente no está votando libremente”, sostuvo.

El director del ICP también advirtió sobre otro fenómeno que debilita el sistema democrático relacionado con la compra de votos.

“Documentamos múltiples denuncias relacionadas con compra de votos. Estamos viendo ciudadanos votando producto de una transacción económica y otros votando con miedo”, indicó.

Para el analista, ambos factores terminan erosionando la confianza ciudadana. “Eso debilita el sistema electoral y pone en entredicho la legitimidad de los resultados”, agregó. (Lea en CONtexto ganadero: Advierten riesgo terrorista antes de elecciones en Colombia)

¿Qué está en juego?

La preocupación adquiere mayor dimensión si se considera que, según explicó Chacón, diferencias relativamente pequeñas pueden ser determinantes en una elección presidencial cerrada. “Estamos hablando de cientos de miles de votos potencialmente afectados en una competencia donde márgenes reducidos pueden definir un resultado”, afirmó.

Desde el ICP también pidieron medidas inmediatas. Entre ellas, fortalecer presencia de fuerza pública antes de la jornada electoral, mayor articulación institucional, acompañamiento internacional y despliegue preventivo en territorios identificados como vulnerables.

Además, hicieron un llamado ciudadano. “Hay personas que están votando bajo presión de un fusil y esas personas necesitan también nuestra solidaridad”, señaló Chacón.

Mientras avanza la cuenta regresiva hacia el 31 de mayo, la discusión electoral ya no gira únicamente alrededor de propuestas, campañas o candidatos. También pasa por una pregunta esencial para cualquier democracia: que cada colombiano pueda llegar a la urna con una sola influencia sobre su decisión, es decir, su voluntad.