/?w=256&q=100 "Culpables podrían salir libres")
Un empresario y sus dos trabajadores fueron brutalmente asesinados en Chimá. Hoy, los sindicados del crimen esperan una audiencia que podría otorgarles la libertad por vencimiento de términos. El caso expone fallas críticas en el sistema judicial que amenazan con dejar impune una de las masacres recientes más crueles del sector rural en Colombia.
El 10 de septiembre de 2024, en Chimá, Córdoba, tres hombres fueron asesinados y sus cuerpos incinerados. La justicia ahora titubea en castigar a los culpables. (Lea en CONtexto ganadero: Gremio ganadero exige justicia y autoridades ofrecen millonaria recompensa por crimen de Esteban Urueta y sus trabajadores)
En la madrugada del 10 de septiembre de 2024, la vida cambió en una zona rural de Córdoba, Esteban Rafael Urueta González, un joven empresario ganadero, junto a sus empleados Fredy Beleño Acosta y Gerardo Marzola Coronado, fueron víctimas de una brutal masacre.
La escena que dejó el crimen, no solo produjo una profunda herida en sus familias, sino también en toda la comunidad ganadera del país.
Lo que comenzó como una tragedia pronto se transformará en un símbolo de abandono judicial que enfrenta el campo colombiano. Hoy, a tan solo días de celebrarse la audiencia de libertad por vencimiento de términos, los presuntos responsables del asesinato, Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, podrían quedar en libertad.
Esta audiencia, fijada para el lunes 26 de mayo de 2025 a las 2:00 p.m., ha encendido las alarmas en gremios productivos y sectores sociales que claman justicia.
En palabras de José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), “Esteban Urueta, joven ganadero y empresario, fue asesinado vilmente junto a sus trabajadores Fredy Beleño y Gerardo Marzola. Hoy sus victimarios podrían quedar en libertad por vencimiento de términos. ¡Exigimos acción inmediata a la Fiscalía y a la Judicatura!”.
La indignación del gremio no es menor. Esteban Urueta no solo representaba a una nueva generación de ganaderos emprendedores, sino que también simboliza el esfuerzo de quienes luchan contra la adversidad del abandono estatal en zonas rurales. Su muerte, sumada a la de sus trabajadores, no puede ser una estadística más. Esta situación judicial revela una cadena de procedimientos que, por omisión o lentitud han conducido al umbral de la impunidad. Aunque la Fiscalía de Montería presentó cargos por homicidio agravado, hurto calificado, porte ilegal de armas y destrucción de evidencia, la dilatación procesal está a punto de tapar la gravedad de los hechos. La situación ha puesto sobre la mesa que la justicia colombiana está fallando cuando más se necesita. En territorios donde el Estado apenas asoma, los productores que sostienen la economía rural ven cómo sus vidas y patrimonios están cada vez más expuestos, sin la certeza de una justicia efectiva. Este es un llamado de alerta sobre un sistema judicial que, por falta de capacidad o compromiso, permite que los criminales regresen a las calles. En memoria de Esteban, Fredy y Gerardo, el país rural exige una respuesta firme y, el vencimiento de términos no puede convertirse en sinónimo de impunidad. (Lea en CONtexto ganadero: Confesos asesinos de ganadero responderán por los delitos de secuestro y homicidio agravado) La esposa de Esteban, Angélica Sáez, pidió ayuda a través de sus redes sociales para que los responsables del crimen contra el ganadero y sus compañeros no sean excarcelados, pues a su juicio “sí representan un peligro” para ella, sus hijos y las familias de las otras víctimas. “Hoy pido que se haga justicia y que estos criminales Cristian (Petro) y Juan Soto queden en la cárcel, que no queden en libertad porque sí representan un peligro para la sociedad, para mis hijos, para las familias de las otras víctimas y para todos los que de alguna u otra manera nos hemos visto afectados por esta masacre”, declaró.Esteban Urueta, joven ganadero y empresario, fue asesinado vilmente, junto a sus trabajadores Fredy Beleño y Gerardo Marzola. Hoy sus victimarios podrían quedar en libertad por vencimiento de términos.
— José Félix Lafaurie (@jflafaurie) May 23, 2025
¡Exigimos acción inmediata a @FiscaliaCol y @judicaturaCSJ!
@Fedegan pic.twitter.com/dfjZDHF7Ws
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