Consultado por CONtexto ganadero, cuestionó la respuesta institucional tras los disturbios en la Universidad del Valle y pidió controles internos, más capturas y una actuación más clara de la Fuerza Pública cuando se presenten delitos en flagrancia y que no se abuse de la denominada autonomía universitaria.

El impacto de una papa bomba contra un vehículo particular en inmediaciones de la Universidad del Valle, sede Meléndez, volvió a poner a Cali frente a una discusión que ya no se limita al campus, sino hasta dónde llega la autonomía universitaria cuando la violencia afecta a ciudadanos, estudiantes y familias que transitan por la zona.

El hecho ocurrió durante disturbios protagonizados por encapuchados y dejó personas afectadas, entre ellas una niña de tres años, según la información conocida públicamente.

Para el concejal Juan Felipe Murgueitio, lo ocurrido no puede leerse como un episodio aislado ni como una expresión legítima de protesta.

Su posición sustenta que el problema no es la movilización estudiantil, sino la violencia: el uso de explosivos, los bloqueos recurrentes y las agresiones contra civiles.

En su criterio, la ciudad lleva mucho tiempo normalizando una situación que exige decisiones más firmes.

“Lo más preocupante es que terminan pagando las consecuencias personas que no tienen ninguna relación con esos hechos, ciudadanos que simplemente transitan por el sector o estudiantes que quieren desarrollar sus actividades con normalidad”, cuestionó Murgueitio. (Lea en CONtexto ganadero: En el Cauca hay ganaderos que dejaron de ir a sus fincas por ola de violencia)

Para el concejal, los disturbios en Univalle dejaron hace rato de ser un asunto interno de la universidad.

“Hace rato se salió de manos y dejó de tener control, tanto para las autoridades como para la misma universidad”, sostuvo.

Autonomía bajo discusión

Uno de los puntos más fuertes de su intervención fue el debate sobre la autonomía universitaria.

Murgueitio rechazó la idea de que esta figura impida cualquier ingreso de la Fuerza Pública al campus cuando hay delitos en curso.

En su opinión, el asunto no es jurídico sino de voluntad institucional. Para él, cuando hay flagrancia, la Policía no solo puede actuar, sino que debe hacerlo para neutralizar la amenaza y capturar a los responsables.

“Ese cuento de la autonomía universitaria para que la Policía no entre es realmente eso: cuento”, dijo el concejal, al insistir en que la ley debe aplicarse también dentro de una universidad pública.

Murgueitio también dirigió sus críticas hacia las directivas universitarias. Propuso que la Universidad del Valle implemente un registro claro de ingreso y salida, fortalezca la videovigilancia y facilite material probatorio a las autoridades.

Para el concejal, esos controles permitirían identificar patrones, establecer responsabilidades y evitar que personas encapuchadas usen el campus como punto de salida para lanzar explosivos o generar confrontaciones.

Respuesta institucional

Murgueitio reconoció que ha recibido respuestas de la Alcaldía de Cali ante sus denuncias y que ve disposición en la administración local. Sin embargo, considera que los resultados siguen siendo insuficientes frente a la recurrencia de los disturbios. (Lea en CONtexto ganadero: ¡Solidaridad con el suroccidente de Colombia!)

Mencionó, dentro de los avances, la captura reciente de un encapuchado señalado de participar en actos vandálicos contra estaciones del MÍO, aunque advirtió que se necesitan más acciones judiciales para evitar la impunidad.

“Necesitamos más capturas, por supuesto. Necesitamos que los caleños no se sientan atemorizados cada semana”, agregó.

En la parte final de su análisis, Murgueitio amplió la discusión hacia la política nacional de seguridad. Aseguró que Cali y el Valle del Cauca requieren mayor respaldo del Gobierno Nacional, más capacidades para la Fuerza Pública y un cambio de enfoque frente al crimen.

Su crítica fue especialmente fuerte contra la política de ‘Paz Total’, que considera permisiva frente a estructuras criminales. En su opinión, mientras no exista una decisión clara de enfrentar a los responsables de la violencia, las regiones seguirán pagando el costo.

El caso de Univalle, para Murgueitio, demuestra la necesidad de proteger la protesta y la educación, pero sin permitir que la violencia se esconda detrás de ellas.

“No es un vacío normativo, no es un vacío legal; es un vacío de voluntad”, concluyó.