El abogado Rodrigo Pombo Cajiao advierte en CONtexto que el presidente electo recibirá un país golpeado por economías ilícitas, estructuras armadas fortalecidas y pérdida de autoridad estatal. Para el campo, el costo de no actuar sería mayor presión sobre productores, comunidades rurales e inversión agropecuaria.

A 43 días de la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente electo y bajo su promesa de despachar cada semana en un departamento distinto, la seguridad aparece como uno de los grandes desafíos de su gobierno.

Como se ha advertido en CONtexto, en múltiples informes, el nuevo mandatario recibirá un país con presencia de grupos armados ilegales, economías criminales fortalecidas y una creciente preocupación por el control territorial en zonas rurales. (Lea en CONtexto ganadero: Lo que espera el campo del gobierno de Abelardo de la Espriella)

Así las cosas, el campo será una de las primeras pruebas de fuego para la nueva administración. En regiones afectadas por narcotráfico, minería ilegal, extorsión y violencia armada, recuperar la autoridad del Estado será clave para proteger a las comunidades y reactivar la economía rural.

“En lo que a la ruralidad respecta, hay tres flagelos: narcotráfico, minería ilegal y corrupción. Ahí se requiere una presencia estatal integral, empezando por las fuerzas del orden”, sostuvo Pombo.

Para Pombo Cajiao, el narcotráfico será el principal frente de choque del nuevo gobierno en las zonas apartadas.

Según su análisis, Colombia enfrenta una expansión de cultivos ilícitos que alimenta estructuras armadas y debilita la presencia institucional en departamentos de periferia.

El abogado coincide con lo que también lo dijo varias veces durante campaña el presidente electo: el país registra más de 350.000 hectáreas de coca y produce cerca del 80% de la cocaína mundial, una situación que, a su juicio, golpea con especial fuerza al sur y suroccidente del país.

“Hay que respaldar políticamente a las fuerzas militares en el marco de esta guerra irregular. Ese apoyo debe venir directamente del presidente de la República”, señaló.

La recuperación del territorio, bajo esta lectura, no puede limitarse a operativos. También exige presencia institucional sostenida, justicia, infraestructura, inversión social y protección para quienes producen en medio de amenazas.

Economías criminales

El segundo frente señalado por Pombo es la minería ilegal. Esta actividad no solo destruye ecosistemas y fuentes hídricas, sino que también se ha convertido en una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados.

En zonas rurales, esta economía criminal compite con la producción legal, impone reglas de facto y erosiona la gobernabilidad local. Para el sector ganadero, el deterioro ambiental y la inseguridad terminan afectando movilidad, costos y confianza productiva.

“La minería ilegal requiere dedicación exclusiva, primero para preservar el medio ambiente y segundo porque es una fuente de ingresos de esos grupos criminales”, advirtió.

Diálogo con la autoridad

Pombo fue crítico frente a la política de paz total del gobierno saliente. Según su lectura, esa estrategia fracasó por falta de método, decisión política y resultados verificables frente a organizaciones como el Eln, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

Su postura insiste en que el nuevo gobierno debe abandonar la idea de negociar sin condiciones con estructuras criminales y recuperar el principio de autoridad bajo el marco constitucional.

“La aplicación del Estado de derecho es la misma paz. No se trata de claudicar, sino de aplicar el imperio de la ley”, afirmó. (Lea en CONtexto ganadero: Fenavi y Fedequinas felicitaron a Abelardo de la Espriella y llamaron a fortalecer la institucionalidad y el desarrollo rural)

Fuerza Pública

En los primeros meses de gobierno, Pombo considera que De la Espriella deberá enviar un mensaje inequívoco de respaldo a la fuerza pública. Para él, el liderazgo presidencial será determinante para recuperar la moral militar y la capacidad operativa.

También plantea que la nueva administración deberá invertir en tecnología, inteligencia, drones, capacidad de reacción y presencia efectiva en territorio, especialmente frente a organizaciones que operan con armamento y estructuras cada vez más sofisticadas.

“Las Fuerzas Militares requieren actualizar su capacidad de reacción contra el terrorismo y contra carteles internacionales que se comportan como auténticas fuerzas militares”, indicó.

Una visión similar expresó la senadora Paola Holguín, quien considera que uno de los principales desafíos de la nueva administración será recuperar el control institucional del territorio en medio de estructuras criminales fortalecidas y una fuerza pública afectada en su capacidad operativa y moral.

Para la congresista, el nuevo gobierno tendrá que reconstruir alianzas estratégicas internacionales, fortalecer las capacidades de inteligencia y devolverle a las Fuerzas Militares y de Policía el respaldo político necesario para enfrentar al narcotráfico y al terrorismo.

Seguridad y desarrollo rural

Para el campo, la seguridad no es un asunto separado de la economía. Sin control territorial, los productores enfrentan extorsión, restricciones de movilidad, encarecimiento logístico y menor inversión.

Al cierre de su análisis, Pombo envió un mensaje directo al sector ganadero. Rechazó que la propiedad rural sea señalada como causa del conflicto armado y defendió el papel de los productores dentro de la vida nacional.

“A los ganaderos hay que recordarles que no son la causa eficiente del conflicto. Ustedes son unos héroes de la patria”, concluyó.