Mientras aumentan las amenazas, robos masivos y asesinatos en el campo, los responsables de velar por la seguridad rural no actúan con contundencia. Los hechos recientes dejan ver una preocupante combinación entre miedo a denunciar, desprotección institucional y presencia de grupos ilegales.

Una nueva ola de violencia sacude al sector ganadero colombiano. La semana pasada se reportaron 35 hechos de inseguridad en distintas regiones del país, 14 de ellos con afectación directa a productores. (Lea en CONtexto ganadero: ¡La delincuencia arrasa con el campo! Ganaderos indefensos prefieren callar por miedo)

El panorama es alarmante con invasiones de tierras, abigeato, amenazas, asesinatos y presencia de símbolos insurgentes que reaparecen sin que la respuesta institucional sea efectiva. La sensación de abandono se ha instalado entre quienes trabajan la tierra.

Uno de los casos más impactantes ocurrió en Cartagena del Chairá, Caquetá, donde 400 reses fueron hurtadas de la finca de la esposa del gobernador. El hecho no fue solo un ataque patrimonial, sino que incluyó una acción violenta contra la residencia familiar, que terminó completamente destruida por explosivos.

A esto se suma el asesinato del ganadero Juan Carlos Vallejo en Neiva, por sicariato, y la aparición de banderas del M19 en predios invadidos, lo que ha incrementado la zozobra en las zonas rurales.

El Huila, con tres eventos violentos, y Cesar, con uno, fueron epicentros de las invasiones más graves registradas. En total, se denunciaron solo cinco casos de los catorce que afectaron directamente a ganaderos.

Sin embargo, nueve sucesos no fueron notificados a las autoridades. ¿La razón? El miedo. La intimidación a propietarios, sumada a la desconfianza en la actuación estatal, ha llevado a muchos a guardar silencio.

La respuesta institucional también ha sido limitada, pues en apenas 11 de los casos reportados hubo presencia policial, y en tres intervino el Ejército. Según testigos, en algunos eventos no hubo presencia alguna de la fuerza pública, ni siquiera tras haber sido alertada.

El caso de una finca en Argentina, Huila, evidenció una doble falla: el propietario no permitió la intervención por miedo a represalias y, pese a una solicitud formal mediante carta, la policía tampoco actuó con decisión.

Delito en crecimiento

El delito más común fue el abigeato, con seis casos registrados, seguido por las invasiones de tierras. También se presentaron situaciones de extorsión, amenazas y sacrificio ilegal. En total, se estima una afectación a 427 cabezas de ganado, una cifra que habla de pérdidas millonarias y del impacto económico que enfrenta el sector.

El general (r) Fernando Murillo, líder de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz (FSSP), aseguró que “estamos viendo una escalada de hechos que no pueden seguir pasando desapercibidos. La seguridad ganadera se ha debilitado y urge fortalecer los mecanismos de respuesta y denuncia”.

En medio de este panorama, las asociaciones ganaderas están tratando de organizarse. La semana pasada se monitorearon 67 organizaciones, de las cuales 8 se sumaron a los Frentes Solidarios.

También se distribuyeron protocolos para actuar frente a las invasiones, campañas para denunciar negligencia policial mediante códigos QR, y boletines sobre el estado de las vías. Sin embargo, estos esfuerzos aún resultan insuficientes frente a la magnitud de los hechos.

¿Y las autoridades locales?

Uno de los factores que complica la respuesta es la ambigüedad de competencias. Algunos alcaldes evaden responsabilidades, lo que deja a la policía sin autorización para actuar en muchos casos.

Esta fragmentación operativa alimenta la percepción de impunidad, y permite que grupos armados ilegales y delincuencia común avancen sin freno. (Lea en CONtexto ganadero: La inseguridad rural crece y no distingue regiones: Jaime Camacho, Asogauca)

José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) sostuvo que, “si la policía no cumple con sus obligaciones constitucionales, estamos muertos”.

Finalmente, la frase, aunque cruda, refleja el sentimiento de desamparo que recorre el campo colombiano. La inseguridad ganadera es el reflejo de un Estado que se ha replegado de muchas zonas rurales, dejando a los productores librando una batalla desigual.