Vacunaciones de emergencia, alertas sanitarias en aumento y una fuerte caída en la movilización de ganado revelan la magnitud del impacto en Córdoba. La reacción del Estado busca contener una amenaza que podría escalar si persisten las debilidades en control e infraestructura.

Las inundaciones que afectaron al departamento de Córdoba no solo alteraron el entorno ambiental, sino que desencadenaron una creciente presión sanitaria sobre la producción pecuaria.

Entre enero y marzo de 2026, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) atendió 55 notificaciones de sospechas de enfermedades de control oficial en la región Caribe, de las cuales 22 correspondieron a este departamento. (Lea en CONtexto ganadero: Ganaderos de Córdoba claman por acciones inmediatas tras devastadora ola invernal)

Este aumento en las alertas evidencia el riesgo latente de brotes en medio de condiciones propicias para la propagación de enfermedades, lo que obligó a intensificar la vigilancia epidemiológica en campo.

En medio de este escenario, el Gobierno Nacional activó una respuesta institucional para contener los riesgos. En el comité del gabinete sectorial liderado por la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, realizado el 19 de marzo en Montería, se socializó el plan de acción diseñado para enfrentar la emergencia ambiental.

Durante este encuentro, la gerente nacional del ICA, Paula Cepeda, explicó que el equipo técnico desplegó acciones concretas para proteger la sanidad animal. Entre ellas, la intervención en 93 predios con la vacunación de 813 equinos contra la Encefalitis Equina Venezolana (EEV).

Las jornadas se focalizaron en municipios estratégicos como Ayapel, con 230 animales atendidos; Sahagún, con 150; y Ciénaga de Oro, con 71, priorizando las zonas con mayor exposición al riesgo sanitario.

El impacto de la contingencia no se limita al ámbito sanitario, pues la dinámica productiva también se ha visto fuertemente afectada. En Córdoba, la movilización de especies mayores registró caídas de hasta el 55%, reflejando las dificultades para sostener la actividad ganadera en medio de la emergencia.

Esta reducción incide directamente en la comercialización, limita el flujo de animales y compromete los ingresos de los productores, configurando un escenario económico complejo para el sector.

Contener la crisis

Ante este panorama, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura, impulsó mesas técnicas de articulación entre el ICA y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con el propósito de establecer protocolos claros de actuación en terreno.

Estas sesiones ya avanzan en la construcción de una circular conjunta que reglamentará los procedimientos operativos, así como en el diseño de un modelo de interoperabilidad que fortalecerá la inspección, vigilancia y control en las zonas afectadas. (Lea en CONtexto ganadero: Grave emergencia invernal en Córdoba y norte de Urabá moviliza al gremio ganadero)

La emergencia también dejó en evidencia desafíos estructurales persistentes, como el déficit crítico de infraestructura para la disposición de animales (COSOs). Esta situación incrementa el riesgo de abandono y añade presión sobre la capacidad de respuesta del Estado en contextos de crisis.

“El país enfrenta una situación que exige decisiones oportunas y coordinación real en territorio. Estamos actuando para contener riesgos sanitarios, proteger la producción y acompañar a los productores en un momento crítico”, afirmó Paula Cepeda.