La posibilidad de que Mateo Pérez Rueda pudiera ser asesinado, en Antioquia, volvió a poner bajo la lupa la seguridad de quienes informan en regiones golpeadas por el conflicto armado. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) advirtió que las amenazas, el control territorial y la ausencia estatal están empujando al periodismo local hacia el silencio.

Mateo Pérez Rueda salió a buscar una historia y no regresó. El joven periodista viajó hacia una zona rural de Briceño, en el norte de Antioquia, para realizar una reportería relacionada con la situación de orden público en un territorio donde convergen economías ilegales y presencia de grupos armados. Horas después, desapareció. Desde entonces, su caso encendió las alarmas en Colombia por la posibilidad de que se configure un crimen relacionado con su oficio.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) confirmó que recopila la documentación del caso y reveló que, según testimonios preliminares conocidos por la organización, el comunicador habría sido retenido por una disidencia de las FARC. Aunque hasta ahora ninguna autoridad ha confirmado oficialmente el asesinato, el temor crece entre periodistas regionales que ven en este episodio una advertencia directa contra quienes siguen informando desde territorios dominados por las armas. (Lea en CONtexto ganadero: Persecución criminal de Santos a la libertad de prensa)

De acuerdo a una conversación en CONtexto con Daniel Chaparro, subdirector general de la FLIP, el caso refleja una realidad que se repite en distintas regiones del país: periodistas amenazados, autocensura y comunidades enteras quedando sin acceso a información independiente.

La preocupación, explicó, no se limita al posible asesinato de Mateo, sino al mensaje que deja sobre las garantías reales para ejercer el periodismo en Colombia.

La situación adquiere mayor gravedad porque ocurre en medio del debate nacional sobre la política de Paz Total del Gobierno. Mientras avanzan negociaciones y acercamientos con grupos ilegales, en muchas zonas rurales persisten las disputas armadas, las intimidaciones y el control territorial que terminan condicionando la labor de reporteros, líderes sociales y medios comunitarios.

Detrás de las cifras hay historias humanas. Juan Carlos Ceballos, de 47 años, padre de cuatro hijos, es la más reciente víctima mortal de esta ola de violencia. Su muerte no solo enluta a una familia, sino que refleja el drama silencioso que viven cientos de trabajadores que hoy salen a laborar con miedo.

Presión en regiones

Según la FLIP, escenarios similares se repiten en el Bajo Cauca, Nordeste, Urabá y otras subregiones donde las estructuras criminales imponen reglas de silencio mediante amenazas y miedo.

En esos territorios, el periodismo local se convirtió en una actividad de alto riesgo, por eso, muchos comunicadores trabajan sin esquemas de protección, con bajos ingresos y expuestos a retaliaciones por denunciar extorsiones, desplazamientos, minería ilegal o presencia armada.

La consecuencia afecta a los periodistas, pues cuando callan a un periodista las comunidades pierden una de sus principales herramientas de alerta, denuncia y vigilancia social.

En muchas regiones apartadas, los medios locales son la única fuente de información sobre lo que ocurre en territorios atravesados por amenazas, desplazamientos y presencia de actores armados.

Chaparro aseguró que la mayoría de agresiones registradas por la organización corresponden a amenazas de muerte. Varias de ellas incluyen advertencias contra familiares de los reporteros, lo que termina empujando a muchos a abandonar sus regiones o dejar de investigar determinados temas. (Lea en CONtexto ganadero: Las Farc, la prensa y la información)

La FLIP alertó, además, sobre la ausencia de rutas eficaces de prevención y protección fuera de las grandes ciudades. En muchas ocasiones, explicó el vocero, las autoridades locales no reaccionan a tiempo frente a las amenazas, mientras algunos funcionarios terminan estigmatizando la labor periodística.

El dato más preocupante es histórico, pues de acuerdo con la organización, en sus 30 años de existencia no tenían registro de una desaparición forzada de periodistas en Colombia. Ese antecedente convierte el caso de Mateo Pérez Rueda en un símbolo del deterioro de las garantías democráticas para informar desde los territorios.