Un informe de Censat Agua Viva advierte que, aunque los proyectos de reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques (REDD+) buscan frenar la deforestación, también estarían generando conflictos socioambientales, vulneraciones de derechos y tensiones territoriales si no se aplican con garantías para las comunidades.

El debate sobre el cuidado ambiental en Colombia suma una nueva arista. Mientras el país avanza en compromisos internacionales frente al cambio climático, surgen cuestionamientos sobre los efectos reales de algunas estrategias, especialmente en territorios rurales.

Uno de esos casos es el de los proyectos REDD+, de reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques, diseñados para reducir emisiones por deforestación, pero que hoy están bajo la lupa por sus impactos en comunidades locales.

En entrevista con Contexto Ganadero, Johana Peña, integrante de Censat Agua Viva, expuso los principales hallazgos de una investigación que durante más de un año analizó la implementación de estos proyectos en distintas regiones del país.

Tensiones en el territorio

El informe, titulado Territorios que Resisten, identifica lo que Peña describe como patrones estructurales de afectación. Entre ellos, destacan problemas relacionados con la autonomía territorial y el gobierno propio de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes.

“Hay tensiones profundas en las estructuras de gobierno propio porque se introducen decisiones de largo plazo que no respetan los mecanismos comunitarios, lo que termina afectando directamente la forma en que las comunidades deciden sobre su territorio”, señaló.

La investigación también documenta fallas en el consentimiento libre, previo e informado. En varios casos, los contratos fueron firmados sin la participación plena de las comunidades, lo que genera dudas sobre la legitimidad de los acuerdos.

A lo anterior se suma la falta de acceso a información clara. Según el estudio, muchas comunidades desconocen los términos, alcances y beneficios reales de los proyectos en los que están involucradas, lo que configura una limitación de derechos clave.

¿Solución climática o problema?

Más allá de los conflictos sociales, el informe cuestiona la efectividad ambiental de estos mecanismos. Para Peña, los proyectos REDD+ no están logrando el objetivo principal de reducir la deforestación.

“Se está responsabilizando a las comunidades que históricamente han protegido los territorios, mientras se invisibilizan los verdaderos motores de la deforestación, como economías ilegales o dinámicas extractivas”, aseguró.

La investigadora también pone en duda el enfoque global de estas políticas. Señala que la crisis climática está principalmente ligada a la quema de combustibles fósiles, lo que deja en segundo plano el impacto real de las acciones centradas únicamente en el uso del suelo.

Además, advierte sobre una posible incoherencia en el mercado de carbono. Empresas altamente contaminantes pueden compensar sus emisiones comprando certificados generados en estos territorios, sin modificar sus prácticas productivas.

“Se genera una compensación que no es equivalente, porque no es lo mismo talar un bosque que emitir grandes volúmenes de gases contaminantes, y eso distorsiona el propósito ambiental”, afirmó.

Vacíos institucionales

El panorama también revela retos en materia de regulación. Aunque existen normas y lineamientos, la capacidad de control del Estado es limitada. Según Peña, entidades como el Ministerio de Ambiente reconocen incumplimientos, pero no cuentan con herramientas suficientes para sancionar.

La situación ha llamado la atención de instancias como la Corte Constitucional, que en una sentencia reciente ordenó fortalecer la supervisión de estos proyectos. Aun así, persisten vacíos que permiten que actores privados negocien directamente con comunidades bajo condiciones poco claras.

“Las instituciones saben que hay irregularidades, pero no tienen la fuerza administrativa para actuar, y eso deja a las comunidades en una posición de vulnerabilidad, especialmente frente a contratos que no comprenden completamente”, explicó.

En este contexto, se espera que nuevas regulaciones, como las salvaguardas sociales y ambientales, aporten mayor control y transparencia. Sin embargo, el reto sigue siendo garantizar que las políticas climáticas no se implementen a costa de quienes habitan y cuidan los territorios.

El caso de los proyectos REDD+ abre una discusión más amplia: la necesidad de equilibrar la acción climática con la justicia social. Porque, como advierten desde Censat Agua Viva, no toda solución ambiental es necesariamente justa, y el verdadero desafío está en lograr que ambas dimensiones avancen de la mano.