Bachilleres podrán ser maestros en las zonas de conflicto

Dentro de la feria de Decretos expedidos el pasado fin de semana para dar cumplimiento a lo ordenado por las Farc, se encuentra el Decreto Ley 882 de 26 de mayo de 2017, «Por el cual se adoptan normas sobre la organización y prestación del servicio educativo estatal y el ejercicio de la profesión docente en zonas afectadas por el conflicto armado», el cual tiene implicaciones de fondo para el país.   La norma, expedida bajo el Acto Legislativo 01 de 2016 que habilitó al Presidente de la República para legislar en forma extraordinaria y excepcional, autoriza a realizar, por una única vez, un concurso especial de méritos para la provisión de vacancias definitivas pertenecientes a la planta de cargos docentes para las zonas afectadas por el conflicto armado de conformidad con los Planes de Desarrollo Territorial (PDET).   Valga aclarar que estos planes estarán sometidos al control y direccionamiento de la Comisión de Seguimiento, Impulso y verificación a la implementación (CSIVI), en la que tienen asiento 3 representantes de las Farc y 3 del gobierno. (Lea: La filigrana del Acuerdo final de las Farc)   Con el concurso especial de docentes se proveerán 1.840 empleos docentes, con el fin de sustituir la contratación de la prestación del servicio educativo estatal, beneficiando directamente a un estimado de 49.765 niños.   El mencionado Decreto Ley argumenta que en dichas zonas se ha registrado una disminución real del número de docentes de carrera por el conflicto, lo cual ha conllevado a que el servicio esté a cargo de docentes que no son de carrera, y que aunque cuentan con la experiencia requerida, no acreditan la formación académica exigida.   Pero también señala, como una de las causas, que esta dificultad ha estado históricamente vinculada con el conflicto armado, pues la violencia ha impedido que los docentes que son nombrados en estas zonas quieran permanecer en ellas, y que en estos lugares los actores armados han impuesto reglas informales relacionadas con quienes pueden ejercer la actividad docente.   Afirma que lo anterior ha generado que la brecha entre el campo y la ciudad sea cada vez mayor respecto de la regularidad en las clases y la permanencia y disponibilidad de personal docente calificado, además del menor aumento del número de docentes de planta para estas zonas.   Todo lo anterior concuerda con lo que se conoce del accionar de las Farc, pues para nadie es un secreto que fueron las responsables del desplazamiento de maestros en las zonas rurales y, en no pocas oportunidades, de secuestros y asesinatos.   El fondo del Decreto Ley   El Decreto Ley promulgado por el gobierno intenta entonces resarcir a las comunidades rurales por el daño infligido por esta narcoguerrilla, pero la solución le tuerce el cuello al Estatuto de Profesionalización Docente (Decreto Ley 1278 de 2002), al cambiar los requisitos establecidos para ingresar a la carrera docente.   Establece, concretamente, la posibilidad de que bachilleres, cualquiera sea su modalidad de formación, puedan participar en el concurso especial.   Esta ampliación de los requisitos mínimos deroga, en la práctica, parte del Decreto Ley 1278 que establecía que para ingresar al servicio educativo estatal se requería poseer título de licenciado o profesional expedido por una institución de educación superior debidamente reconocida por el Estado o título de normalista superior (esta última para ejercer la docencia en educación primaria o en educación preescolar).   Más aún, la reciente norma señala que dentro de los requisitos especiales se tendrán en cuenta la acreditación de la experiencia docente adquirida en las regiones de conflicto armado, el domicilio de los aspirantes y la declaración de víctima otorgada por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.   Así las cosas, es claro que se les quitan oportunidades a muchos colombianos de ir a esas regiones a llevar nuevo conocimiento.   ¿Educación para el progreso o para el adoctrinamiento?   La pregunta evidente es, si no hay profesores en las zonas de conflicto por las dos razones anotadas, la salida es ¿colocar bachilleres a impartir la formación básica en las áreas rurales en conflicto? ¿En dónde queda la calidad de la educación si lo que se busca es que ésta sea un vehículo que permita superar inequidades?   La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) se ha opuesto a esta idea desde hace muchos años. Argumenta que los profesionales que no son licenciados, normalistas, técnicos o tecnólogos en educación carecen de la preparación necesaria para enseñar. "Tener los conocimientos sobre un tema no es suficiente para transmitirlos".   Resulta entonces de Perogrullo preguntar quiénes serán esos nuevos educadores, e ingenuo sugerir que no habrá un adoctrinamiento de las Farc en esas comunidades.   Con licencia para ingresar al escalafón**   Otro de los cambios sustanciales es que solo habrá un concurso y los docentes que queden, podrán ingresar al Escalafón Docente y al goce de los derechos que esta condición les otorga en un plazo no mayor de tres (3) años.   Hoy los docentes que están contratados sin cumplir los requisitos mínimos no pueden acceder a este beneficio, lo cual crea una situación de inequidad aún más aberrante.   Gracias a este Decreto Ley hoy todos los colombianos tendremos que pagar el desplazamiento de docentes y la marginalidad de la educación que produjo la violencia de las Farc, y de contera habilitarlos para ejercer su declarado adoctrinamiento sobre su comunitarismo o comunismo, en los niños de nuestra población rural.   Las formas de lucha de las Farc, no tiene límite. Ya se tomaron el poder judicial y ahora van por la educación rural.