Debate sobre Ley de Tierras: más incertidumbres que aclaraciones

El lunes pasado en “Pregunta Yamid”, se planteó el primer debate sobre la Ley de Tierras entre la Agencia Nacional de Tierras, ANT, y la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, gremio que no había sido invitado por el Gobierno a hablar sobre el tema.   En entrevista con Yamid Amat, Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras y José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, hablaron desde sus perspectivas sobre el tema, y como es tradicional en el formato de esta sección de CM&, al finalizar se realiza una votación en la que los televidentes señalan con cuál de las posiciones de los entrevistados se quedan. (Lea: Las incertidumbres que produce la seguridad jurídica del proyecto)   El resultado fue un empate técnico (51 % a favor de Samper y 49 % a favor de Lafaurie), que si bien no es una encuesta estadísticamente representativa, deja ver que las aclaraciones del representante de la ANT no son suficientes para evitar que la mitad de los que vieron el programa tengan incertidumbre sobre el proyecto.   Eso significa que implantar por Decreto Ley una norma en el cual la mitad no está de acuerdo, o no lo entiende, ni tiene claridad sobre las consecuencias que acarrea su aplicación, generaría graves problemas hacia el futuro, tal como lo advirtió el presidente del gremio ganadero, al recordar las experiencias con la distribución de tierras a través del Incora.   Los Argumentos de Samper   El director de la ANT argumentó que la Ley de Tierras es una nueva fórmula para ordenar la propiedad en el campo colombiano, que implica que la institucionalidad va a salir a buscar a los campesinos.   “Hoy en día lo que toca es quedarnos esperando a que sean los campesinos o los empresarios los que nos busquen a las instituciones, cuando lo que estamos planteando es que funcione al revés, que sean las instituciones las que salgan a buscar los campesinos”, afirmó Samper. (Lea: Una reforma que reparte tierras pero olvida la productividad)   Sobre los objetivos fundamentales de la ley, dijo que son 3: “proveer acceso a la tierra a quien no tiene, lograr que haya seguridad jurídica en el campo y garantizar que haya agilidad y celeridad en los trámites”.   Los argumentos de Lafaurie   Por su parte el presidente ejecutivo de Fedegán sostuvo que el proyecto de decreto que el Gobierno implementará, "perturba la propiedad privada”, porque le otorga facultades a la Agencia Nacional de Tierras para que extinga el dominio.   “Expropiar indica indemnizar, extinguir es la sanción que le impone el Estado a un particular cuando la tierra ha sido obtenida de manera ilícita", argumentó.   Añadió que "cuando se revisa buena parte del articulado se encuentra que, por el contrario, toda la tierra que se ha obtenido de manera lícita está en juego porque las facultades otorgadas a la ANT son ilimitadas”. (Lea: La ANT: poder omnímodo)   Ausencia objetivos productivos   El presidente de Fedegán advirtió adicionalmente sobre la ausencia absoluta de objetivos productivos del proyecto, e hizo referencia a que el campo vuelve a ser moneda de trueque como lo fue en Acuerdo del Gobierno con las Farc.   “Yo creo que el campo no puede seguir siendo un instrumento demagógico de ciertos sectores que creen que pueden tener el campo como bandera. La gran diferencia que yo he tenido a lo largo de estos años con el Gobierno, es que incorporó en la negociación un solo sector económico, el sector rural, ¿con qué argumento?, porque había que entregarle alguna cosa a las Farc y le entregó al sector rural”, aseveró.   Lafaurie afirmó que el sector rural es donde hay más pobreza, más marginalidad y donde el Estado ha tenido menor presencia. “La ruralidad no puede seguir siendo el botín de guerra de la visión estratégica con el cual el país eventualmente puede tener un desarrollo sostenible”, agregó. Igualmente cuestionó los datos sobre concentración de la propiedad que sirven de soporte al proyecto, los cuales no coinciden con los emitidos por el IGAC.   Todo el establecimiento a ordenar la tierra   Por su parte, Miguel Samper afirmó que la tierra sola no cambia vidas y no saca a los campesinos de la pobreza, “eso hay que reconocerlo y lo reconoce el texto”. Aseguró que cuando se entrega una tierra del Estado, si es aprobada esta iniciativa, “va acompañada obligatoriamente de un proyecto productivo”. (Columna: Asalto a la Propiedad Rural)   “Este ordenamiento de la propiedad se va a hacer en zonas focalizadas en el territorio nacional en donde tienen la obligación las otras instituciones del Estado de intervenir”, según el funcionario no sola va a llegar la Agencia de Tierras, también otras entidades como el Instituto Agustín Codazzi, la Superintendencia de Notaria y Registro, la Agencia de Renovación del Territorio y la Agencia de Desarrollo Rural, “se trata de lo que dice el doctor Lafaurie , conseguir un verdadero desarrollo del campo”, remató.