“El Estado me quiere expropiar”: Manco Acosta

“El Estado me quiere quitar la tierra a la brava”, asegura Pedro José Manco Acosta, un ganadero que ha hecho toda una travesía jurídica para defender lo que legalmente le pertenece y no ha sido posible obtener un resultado positivo.

Ahora ya le advirtieron que el próximo 26 de julio se practicará la diligencia para entregar su tierra y que si no lo hace voluntariamente irá la policía y las autoridades correspondientes, según indicó el afectado.

La historia se remonta a 2001 cuando compró el predio Buenos Aires, en Plato (Magdalena), de once hectáreas, a Francisco Mejía Santander y su señora Myriam Muñoz Tapia, todo dentro de la legalidad, con escritura pública y pagando el precio acordado entre las partes.

Sin embargo, 14 años después, en 2015, empezaron los problemas para Manco Acosta cuando se enteró que los vendedores habían ido a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) a reclamar la devolución de las tierras argumentando que ellos habían tenido que abandonarlas por el paramilitarismo y que al regresar encontraron que estaban ocupadas por Manco Acosta.

“Con esa mentira fueron a la Unidad y esa entidad violando el debido proceso no le dijo lo que ellos habían contado y cuándo preguntó quién estaba reclamando esas tierras me pidieron las escrituras las cuales presenté junto al certificado de tradición porque todo es legal”, indicó. Según conoció el que vendió y está reclamando las tierras dijo que las escrituras eran falsas porque él no sabía firmar.

Con esa información Manco presentó una denuncia en la Fiscalía por fraude procesal y falso testimonio. Se hizo todo el procedimiento, escucharon a las partes, se hizo una prueba grafológica y dactiloscópica, fueron los peritos y probaron que el poder que le dio a la señora coincide con la firma de la registraduría. “La firma que aparece en el poder y en la escritura son reales, pero ambos mintieron diciendo que nunca habían ido a la notaría”. (Lea: Ya no se habla de expropiación… ahora es utilidad pública e interés social para la reforma agraria)

El proceso no se detiene

Con base en todas las pruebas un juez penal condenó a 102 meses de prisión a Mejía Santander y 52 meses a Muñoz Tapia, sin embargo, el proceso ante la Unidad de Restitución continuó y por eso pidió ante un juez penal de Santa Marta el restablecimiento del derecho porque ya tenía una afectación.

El juez provisionalmente restableció el derecho y levantó las medidas que tenía la Unidad de Restitución. Cuando los reclamantes se dan cuenta, inician un proceso ante un juzgado y un juez de restitución de tierras dicta un embargo y una medida cautelar dentro del predio.

Una vez más demuestra que los reclamantes mienten, pero las pruebas grafológicas y dactiloscópicas no fueron tenidas en cuenta, ni siquiera una declaración del batallón que señalaba que en esa región ni hubo presencia de paramilitares sirvió para demostrar los hechos.

Además, el mismo José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch en Colombia, indicó que ellos se inscribieron como desplazados en el año 2004 cuando la compra se realizó en el 2001

“El tribunal de Cartagena le iba acomodando las pruebas, total que dictaron una sentencia en contra mía ordenando la devolución de las tierras”. Eso fue en abril del año pasado pero la notificación se hizo en noviembre y le dictan el fallo penal en diciembre. (Lea: ‘Hay una estrategia simulada que busca la expropiación de tierras’, afirma senadora)

Última instancia

Se presenta ante el tribunal para mostrar una sentencia ejecutoriada en contra de los demandantes, pero la magistrada dijo que ella había dictado su fallo primero por lo que el único recurso que le quedaba era el de revisión.

Ese recurso lo inicia ante la Corte Suprema de Justicia, pero eso no suspende las actuaciones y por eso le quedan pocos días para que lo expropien.

La revisión la presentó el 28 de febrero de este año y se radicó el 1 de marzo pero solo hasta el 24 de marzo se la adjudicaron a un magistrado y desde entonces está allí y no la han admitido.

“Yo he agotado todos los recursos, tengo una sentencia que me favorece y que me levantó la medida, pero la justicia me está condenando a quitarme mis tierras”, manifestó.

Pidió la suspensión de esa diligencia mientras recoge una cosecha porque él sembró teca en esas tierras y hay un tratado internacional que admite suspender diligencias por una sola vez mientras recogen la cosecha. La siembra la realizó en 2015 cuando no le habían notificado nada y la teca necesita diez años para poderse recoger por lo que se necesitan dos años para realizar la cosecha. Sin embargo, le dijeron que máximo le daban tres meses lo cual no sirve. (Lea: Vuelve la amenaza del presidente Petro con la expropiación)

“He gastado cinco veces lo que vale el predio, pero ante todo esta mi nombre, no soy ningún despojador de tierras como me está diciendo el tribunal, lo que tengo es porque lo he trabajado y la he pagado”, concluyó.