Hoy desalojarían a ocupante de buena fe en predio de Sabanas de San Ángel

La polémica que ha rodeado al predio Las Margaritas, en la vereda Oceanía del municipio de Magdalena, no cesa. Mientras que los primeros propietarios exigen la devolución del terreno, el segundo ocupante, Carlos Arturo Londoño, reclama una justa compensación.   La historia de la hacienda comenzó hace 17 años y podría concluir hoy martes 16 de enero a las 9 am con el despojo de Londoño, en el quinto intento de las autoridades por dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional de julio de 2014 que dicta la devolución del predio.   Se trata de un largo proceso judicial que involucra a diversas entidades estatales, como el antiguo Incoder y su reemplazo, la Agencia Nacional de Tierras, y a 2 altas cortes, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. (Lea: Segundos ocupantes, la otra cara de la restitución)   Mientras que sus dueños originales, el señor Antonio Rodríguez y su esposa Margarita Felizzola, fallecieron reclamando sus derechos, que ahora defienden sus hijos Carlos Alberto y Evaristo Rodríguez Felizzola, el señor Carlos Londoño también pide reconocimiento como segundo ocupante de buena fe.   Según contó Carlos Alberto Rodríguez, líder campesino y miembro de la asociación Fuerza Campesina, su familia fue desplazada por los paramilitares en cabeza de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y asesinó a su hermano Antonio, un pastor evangélico, y a otro miembro de la familia, Misael Rodríguez.   “Salimos desplazados de allá sin nada, porque nos quemaron todo el ganado y la casa. En el predio instalaron un campamento paramilitar, y luego en una incursión militar, encontraron caletas de ‘Jorge 40’ donde estaba firmados los pactos de Chibolo y San Ángel”, relató para este medio.   Continuó diciendo que la finca fue despojada legalmente con ayuda de funcionarios del Banco Agrario y el antiguo Incoder, y entregada posteriormente al señor Carlos Londoño. (Lea: Ni los terrenos adquiridos al Banco Agrario generan confianza)   Por su parte, este ha sostenido que la obtuvo en un remate en 2001 debido a los incumplimientos de la señora Felizzola para pagar un crédito hipotecario con la entidad bancaria. Además, manifestó que nunca hizo parte ni orquestó un plan para adueñarse de los predios, como lo afirmó Rodríguez.   En 2 sentencias, la Corte Constitucional se pronunció sobre el caso. La primera, la T-640 de 2005, dejó sin efectos el remate porque la señora nunca fue notificada con el debido proceso. La segunda, la T-477 de 2014, resolvió devolverle el predio y ordenar el desalojo de su actual propietario.   Este martes será la quinta oportunidad por sacar al señor Londoño del predio, quien se ha defendido diciendo que adquirió la hacienda con sus ahorros y que consideró “ilegal” esta determinación. Aun así, está dispuesto a aceptar el desalojo con tal de que le garanticen sus derechos como ocupante de buena fe.   “Le hemos dicho al Incoder, a la hoy Agencia de Tierras, al Ministerio de Agricultura, a los magistrados, que nos paguen la tierra para entregarla, sin embargo no quieren hacerlo”, aseguró Londoño. (Lea: Ganaderos deben unirse para enfrentar Ley de restitución de tierras)   En efecto, la sentencia de la Corte Constitucional ordenó garantizar los derechos como tercero adquiriente, conforme a lo establecido en el numeral 6 de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de víctimas y restitución de tierras.   De acuerdo con Rodríguez, Londoño está reclamando una compensación por $16 mil millones, cifra que él no corroboró. Señaló que si el señor desea ser compensado, debe iniciar un proceso distinto y comprobar que es un ocupante de buena fe, aun cuando la sentencia de la Corte exige esta garantía.