En lo corrido de 2026 ya se reportan cinco afectaciones graves en Antioquia, Córdoba y Magdalena. El gremio exige intervención inmediata del Gobierno, cronogramas verificables y soluciones definitivas para evitar que las medidas temporales se vuelvan permanentes.

Los cierres podrían impactar la movilización de carga hacia la frontera, presionar tarifas de transporte y afectar la salida de cosechas. El gremio aseguró que la protesta será pacífica y orientada a visibilizar la crisis económica del sector.

Desde la organización alertaron que utilizar estados de excepción o medidas de urgencia para introducir impuestos sin debate amplio debilita la institucionalidad y genera incertidumbre económica. Recalcaron que las transformaciones profundas requieren deliberación técnica, consensos políticos y evaluación rigurosa de impactos fiscales y sociales.

El centro de pensamiento económico subraya que solo una fracción mínima del ganado sacrificado se vende al exterior, mientras la mayor parte abastece el mercado interno. Estudios de sus analistas advierte riesgos para la estabilidad del sector y posibles efectos negativos sobre la confianza de los mercados internacionales.

Autoridades y organismos de socorro mantienen monitoreo permanente y recomiendan a las comunidades ribereñas del río Sinú, aguas abajo del embalse de Urrá en el departamento de Córdoba, adoptar medidas preventivas ante posibles variaciones del caudal durante los próximos días.

La Defensoría del Pueblo alertó que varias víctimas no han recibido atención humanitaria inmediata y pidió activar medidas urgentes para proteger a la población civil ante la persistencia de riesgos armados y posibles explosivos en medio de los cultivos y las viviendas.

A través de sus canales oficiales, la CVS instó a los municipios a activar planes de contingencia y reforzar la vigilancia en zonas expuestas. Asimismo, recomendó a pescadores suspender faenas y al sector turístico restringir el acceso a playas vulnerables, mientras las autoridades mantienen monitoreo permanente del comportamiento climático en la región durante los próximos días.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían entregado un reporte oficial detallado sobre los responsables ni sobre las operaciones de búsqueda. Entretanto, el sector ganadero mantiene su llamado a la acción estatal para evitar que hechos como este sigan repitiéndose y profundicen la crisis en el campo colombiano.

La Policía departamental confirmó el caso y activó la investigación para establecer las rutas de salida y capturar a los responsables del robo. De acuerdo con el productor, debido a los altos niveles de precios del kilo en pie en la región, el golpe económico sería de más de $200 millones.

En Cesar, Magdalena y Sucre, a pesar de la disposición de los productores para destrabar la Reforma Rural Integral con la oferta voluntaria de más de 600.000 hectáreas de tierra, la ocupación de fincas ganaderas volvió a instalarse como rutina, pero ahora llega con pendones, consignas y una exigencia concreta: que la Agencia Nacional de Tierras compre los predios.