El Gobierno nacional activó un esquema de precios mínimos y apoyo directo para garantizar la comercialización de la primera cosecha de arroz de 2026 y proteger el ingreso de los productores. Las medidas incluyen flexibilización de requisitos, incentivos económicos por tonelada y nuevas herramientas financieras para estabilizar el mercado arrocero.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural anunció un paquete de medidas para garantizar la comercialización y proteger el ingreso de los productores de arroz paddy verde durante la primera cosecha de 2026, en un contexto marcado por la caída de precios y la presión sobre la rentabilidad del sector.

Las decisiones, adoptadas tras varias semanas de diálogo con los actores de la cadena arrocera, incluyen la actualización del régimen de libertad regulada, la puesta en marcha de un programa de apoyo directo y la flexibilización de requisitos para que los productores puedan acceder a los incentivos estatales.

Precio mínimo y compra regulada

Mediante la Resolución 000042 del 4 de febrero de 2026, el Gobierno mantuvo el régimen de libertad regulada para el arroz paddy verde, actualizó los precios mínimos de compra de acuerdo con las condiciones productivas del presente año e inició una transición gradual hacia el levantamiento de este esquema.

La norma establece un precio piso obligatorio que debe ser respetado cuando las compras se realicen bajo el régimen regulado y sin apoyos directos del Estado, con el fin de brindar protección al productor frente a la volatilidad del mercado.

Apoyo directo del Estado

De forma complementaria, la Resolución 000043 creó un programa de apoyo directo para enfrentar los efectos de la oscilación anormal de precios durante el primer semestre de 2026. Este mecanismo permite que la industria compre el arroz a un precio base distinto al regulado, siempre que el productor se inscriba al programa y el Estado cubra la diferencia.

Con este esquema, los productores pequeños recibirán al menos $80.000 por tonelada vendida; los medianos, hasta $64.000; y los grandes productores, hasta $28.000, garantizando un ingreso final protegido.

Ambos instrumentos buscan asegurar la absorción de la cosecha, estabilizar el mercado y evitar afectaciones mayores en la rentabilidad del sector arrocero. (Lea en CONtexto ganadero: Gobierno protege la producción nacional de arroz y frena importaciones de Ecuador)

Menos trámites para acceder al incentivo

Uno de los ajustes clave anunciados por el Ministerio fue la simplificación de los requisitos para acceder al apoyo directo. Los productores solo deberán presentar la inscripción al programa antes del 20 de febrero de 2026, su identificación, RUT, tiquete de báscula, factura electrónica, certificación de actividad productiva y el documento que acredite la tenencia del predio.

La medida responde a solicitudes de los arroceros, quienes habían advertido sobre las dificultades administrativas para acceder a los incentivos en momentos críticos de comercialización.

Otras acciones en marcha

Además de los mecanismos de precio y apoyo directo, el Gobierno avanza en la estructuración de un Fondo Nacional de Salvamento (FONSA) para productores con carteras vencidas, el lanzamiento de un nuevo programa FAIA de ciclo corto y la activación de instrumentos financieros como los Incentivos a la Capitalización Rural (ICR) para infraestructura de secado, almacenamiento y transformación.

Desde el Ministerio señalaron que el objetivo es ofrecer reglas claras, absorber la cosecha y generar condiciones de estabilidad para el sector. Asimismo, hicieron un llamado a la industria molinera para reactivar las compras y contribuir a la normalización del mercado en este momento clave para la cadena arrocera.