/?w=256&q=100 "Miguel Angel Lacouture")
El Barón de Montesquieu debe revolcarse en su tumba. Su teoría de la separación de poderes, plasmada en El Espíritu de las Leyes (1748) e inspirada en Locke, forjó las democracias modernas al dividir el poder en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, equilibrados por pesos y contrapesos. Este principio, pilar de la Revolución Francesa y las constituciones occidentales, se desmorona en Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro, quien, con una interpretación tramposa de la Constitución de 1991, perpetra un asalto al orden institucional.
La Constitución de 1991, aunque presidencialista, nunca contempló un Ejecutivo que avasallara otras ramas del poder. Los presidentes, hasta ahora, respetaron los límites del Estado de Derecho, con roces ocasionales. Petro, en cambio, cruza líneas rojas. Los artículos 103 y 104 C.N., consagran la consulta popular, pero exigen la aprobación del Senado. El 14 de mayo de 2025, el Senado rechazó la solicitud de Petro, respaldada por sus ministros, para convocar una consulta. Alegando un tecnicismo —que no se leyó íntegramente el texto en la votación—, Petro declaró “inexistente” el acto del Senado, desconociendo su validez jurídica en un acto de arrogancia sin precedentes.
El Consejo de Estado admitió la demanda contra la decisión del Senado, trasladándola a la Sección Quinta para resolver su legalidad. El 3 de junio, el presidente del Congreso notificó al Registrador Nacional que la consulta fue negada, buscando bloquear recursos y su inclusión en el calendario electoral. Sin embargo, Petro planea convocarla por decreto presidencial, violando la Constitución y la ley. Más grave aún, busca manipular el control de constitucionalidad, dirigiendo el caso a una Corte Constitucional con magistrados afines, eludiendo la competencia del Consejo de Estado (art. 237.2 C.N) y la suspensión provisional de sus actos (art. 238 C.N). Esta maniobra no es un error; es un desafío calculado al Estado de Derecho.
¿Tiene Petro facultades para pisotear la Carta? No. Todo funcionario está sujeto al marco normativo, sólo puede hacer lo que la norma le permita. Sus actos, aunque gocen de presunción de legalidad, pueden ser anulados por los órganos judiciales, como ocurrirá con esta consulta si insiste en su cruzada. El Ministro del Interior, Armando Benedetti, aliado de Petro, ha reconocido la premura de la consulta — la programarían entre julio y septiembre de 2025—, poniendo en riesgo inminente para la separación de poderes. Voces en el Congreso y la sociedad civil advierten que esta consulta, de concretarse, legitimaría un populismo autoritario, desatando protestas y fracturando la estabilidad republicana.
Petro no improvisa; su estrategia es deliberada. Viste de legalidad un ataque al orden institucional, manipulando normas y cortes a su antojo. Si el Consejo de Estado o la Corte Constitucional no suspende los decretos a tiempo, ya sea por competencia directa o vía tutela, enfrentaremos hechos consumados que socavarán la democracia. Estamos a un paso de la tiranía, donde la Constitución será un papel decorativo. Magistrados, congresistas y ciudadanos deben actuar. No podemos permitir que el capricho de un hombre desbarate siglos de lucha por la libertad. La historia no absolverá a quienes callan ante este autoritarismo. ¡Colombia exige una defensa feroz de sus instituciones!