/?w=256&q=100 "Juan Gonzalo Botero Botero")
Los últimos días han sido particularmente movidos en materia de situaciones que involucran directamente al sector agropecuario colombiano. Es bueno hacer una serie de reflexiones generales frente a las mismas y sus posibles consecuencias a futuro.
En una columna anterior tratamos ampliamente la indicación del Presidente Gustavo Petro para prohibir las exportaciones de carne y ganado en pie. Pues bien, el gobierno insiste en ello desconociendo las razones desde varios sectores de la sociedad y desde Fedegán como gremio que demuestran que dichas exportaciones no son las causantes del precio alto de la carne en el país. He tenido conocimiento de que esta semana se reúne el comité Triple A (aduanero, arancelario y de asuntos de comercio exterior) para definir el concepto sobre el desdoblamiento de la subpartida de exportación de ganado en pie; separar la subpartida de machos bovinos entre 1 y 2 años de las demás y prohibirla. En mi conocimiento, esto dejaría la actividad en cuidados intensivos porque si bien la edad no es indicativo para la exportación, el peso sí lo es; se exportan machos de más de 330 kilos. En algunos casos el peso es un referente para la edad del animal. Sería además muy difícil tener control sobre ese indicador dado que en el país no se cuenta actualmente con un sistema nacional de trazabilidad que permita dar cuenta de la edad del ganado al momento de la exportación. Insisto: prohibir la exportación de carne y ganado en pie traería pérdidas al país cercanas a los 320 millones de dólares e iniciaría una profunda crisis en la ganadería colombiana.
Nuestros días también han estado marcados por las protestas de productores en varias regiones del país con especial fortaleza en el departamento de Santander. Las alzas en el valor del impuesto predial han motivado las mismas. Hay que reconocer que el país tiene una materia perdida en lo que a actualización de avalúos catastrales respecta en buena parte de sus municipios. De igual forma, fruto del acuerdo de paz con las Farc en La Habana, nació el llamado catastro multipropósito que buscaba implementar un enfoque integral en el cálculo del avalúo catastral de un predio. El mismo no es más que un sistema de información que busca la identificación física, jurídica y económica, con base en criterios técnicos y objetivos, de cada inmueble del territorio nacional. En la teoría suena muy lindo; en la práctica se vuelve catastrófico.
Este gobierno, a través del artículo 49 de la ley 2294 de 2023 o ley del Plan Nacional de Desarrollo, ordenó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi adelantar la actualización de los avalúos catastrales en los municipios en que fuera necesario a fin de saldar el rezago histórico en esta materia. El Agustín Codazzi emite varias disposiciones siendo la mecha que prende la llama la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025, por medio de la cual se definen ajustes automáticos y masivos en los avalúos catastrales rurales para el 2026 en 527 municipios de Colombia, enfocándose en predios con rezagos anteriores a 2018. ¡Con ella ardió Troya! Predios avaluados en 70 millones pasaron a valer más de 1.000 millones de pesos con el consabido aumento en el valor del impuesto predial, de los gastos notariales para trámites, de la aplicación del impuesto al patrimonio y una mayor tributación para el productor.
Mi amigo Miguel Lacouture lo ha llamado "la reforma tributaria silenciosa contra el campo". Yo le sumo a esto una iniciativa para generar una venta masiva de predios en el campo dada la imposibilidad de sus dueños para pagar la tributación mencionada; una nueva manera de "expropiación" en el campo colombiano. Solo espero, para bien de los productores rurales, que las mesas de diálogo abiertas para lograr una gradualidad en la aplicación de los avalúos catastrales lleguen a buen puerto; de lo contrario, una debacle se visualiza en el horizonte.
Paralelo a esto, ya debería estar dada la orden para realizar un estudio de productividad predial a través de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) que determinará niveles de uso y productividad de las tierras en el país, según la calidad, aptitud de los suelos, uso y ubicación geográfica de los predios, para así determinar tasas graduales que premien a quien usa adecuadamente su tierra y castiguen los llamados "lotes de engorde". ¡Amanecerá y veremos!
Por último, hoy tuvimos conocimiento de un recorte de casi 100.000 millones de pesos en el presupuesto de Agrosavia (ciencia y tecnología para el agro) para el 2027. En el 2026 su presupuesto es de 216.000 millones y para el 2027 se proponen 120.000 millones de pesos. Este está destinado al pago del personal científico, al soporte de los centros de investigación y al desarrollo de proyectos. Yo he criticado a la Corporación porque creo que sus trabajos de investigación deben salir de sus centros de investigación y llegar con más determinación a las parcelas de los productores, pero este recorte es una estocada de muerte a la ciencia y la tecnología en el campo colombiano.
El momento no es fácil; aunque el pesimismo a veces quiera ganar, es tiempo de luchar por el campo y pensar positivo. Son días difíciles para el agro colombiano.
Nota. Mi felicitación a Laura Valdivieso y Marcela Urueña, dos mujeres que llegan a dirigir los destinos de Asocolflores y Procaña. Sé que lo harán bien. Mi reconocimiento a Augusto Solano, patriarca del sector floricultor, y a Martha Betancourt, quienes dejan esos gremios. ¡Lo hicieron muy bien!
