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De una sociedad que de una u otra manera es usada para convertir en exitoso un modelo de comercio soportado en el fraude, en políticas económicas públicas débiles y perversas, que distorsionan los mercados y abre oportunidades a negocios turbios. Es parte de ese modelo de enriquecimiento ilícito rápido que nos ha dejado su práctica y que se potencializó con el narcotráfico y el terrorismo; y que también permeó la institucionalidad pública.
El común denominador de los informes de prensa al hablar de contrabando es señalar que detrás de este se esconden poderosas mafias, que por su blindaje nunca son tocadas y solo caen los empleados de tal negocio.
Lo grave de este delito es que ya no es “de moda”. Hace mucho tiempo se hablaba del contrabando de cigarrillos y licores, luego de textiles, calzado, y así paulatinamente fueron entrando todos los sectores económicos: las esmeraldas, el oro y otros metales, pasando por maquinaria pesada, la gasolina, los narcóticos y, por supuesto, el de armas, para llegar al de medicamentos tanto para humanos como para animales, y prácticamente, toda la canasta familiar.
Tanto así que, según declaraciones de exministros de Agricultura, el contrabando de arroz –por decir un producto-, hace parte del cálculo para satisfacer la demanda interna. Más aún Colombia tiene una Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, que tiene una interesante publicación en la que compila las tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (2004 – 2013).
Eso hace parte de la estrategia de inteligencia sobre la cual debe concentrar el Gobierno esfuerzos, pero que inexplicablemente no lo ha hecho.
¿Qué cuál es la dimensión de tal delito? Exorbitante. Cifras puestas sobre la mesa por funcionarios públicos en diferentes fechas, y registradas por los medios, señalan que el lavado puede sobrepasar la suma de “38 BILLONES DE PESOS AL AÑO”. Eso, en cifras comparadas, equivale a cerca del 7 % del consumo de hogares. Más aún, sobrepasa de lejos el valor de la producción de carne y leche de Colombia de un año, que supera levemente una cuarta parte de tal dimensión.
Eso demuestra la magnitud del daño que causa a la economía en su conjunto, y sobre todo a productores legales, además de que explica por qué los grandes esfuerzos que hace la policía resultan insuficientes y las cifras irrisorias, aunque debemos reconocer que desde la creación de la POLFA, tenemos algo de dientes; y que a la DIAN de algo le habrá servido el desfalco en devolución del IVA la facturación de comercio que se tasó en 2 billones de pesos. En contraposición, no creeríamos que los cabecillas de tales negocios lleguen a un millar.
En la Mesa de Negociaciones de La Habana, a la que desafortunadamente hay que referirnos, porque es el referente de muchos delitos, poco se ha hablado de estos puntos.
Son negocios tan lucrativos que no son fáciles de desmontar. Seríamos ingenuos pensar que esos ríos de dinero dejarán de correr por entre las Farc o las bacrim. El país requiere una respuesta oficial del Gobierno sobre estos temas.