/?w=256&q=100 "Alfonso Santana Díaz")
En buena hora Noticias Caracol TV está realizando una serie de debates con los candidatos presidenciales, con el objeto de que sus televidentes, y en general todos los colombianos, tengamos una mayor claridad de lo que proponen sobre las principales problemáticas que registra el país, sus orígenes y su solución.
Y eso fue lo que justamente ocurrió con la ganadería bovina con el tema Deforestación, minería ilegal y ganadería: las claves de debate presidencial Colombia Decide, que fue tratado el pasado 10 de mayo.
La primera impresión que queda en la mente del televidente, no sólo por la presentación que se hizo del tema sino por las imágenes que la acompañaron, es que la ganadería bovina es la gran generadora de la deforestación en el país, al afirmar que en la Amazonía hay más área con ganados que cultivos ilícitos, que buena parte de la carne que consumen los colombianos provienen de zonas deforestadas, reafirmando esta tesis con la opinión de uno de los consultados por el noticiero que, enérgicamente señaló que era inconcebible que más de 250 mil cabezas de ganado estuvieran en parques nacionales de Colombia. A renglón seguido destacaron la importancia de la recién aprobada Ley de Ganadería Sostenible y Libre de Deforestación, una iniciativa que busca fortalecer la trazabilidad del ganado y garantizar mayor transparencia en la cadena productiva.
En este punto, vale la pena darle una mirada a las ejecuciones del proyecto de ganadería colombiana sostenible, que es ejemplo para el mundo; que el país cuenta con más de 30 millones de bovinos; que el sector produce más de 8.400 millones de litros de leche al año y provee un poco más 750 mil toneladas de carne al año (2025) —muy poco se produce en áreas deforestadas o de reserva— y genera más de un millón de empleos.
Si bien los participantes aportaron soluciones, que van desde utilizar tecnología satelital e IA para detectar en dónde se está produciendo la deforestación, y el empleo de fuerzas de tarea conjunta, creación de policía ambiental y otros medios, para detener en tiempo real la deforestación y castigar a quien la comete, sacando los animales del área o las canales, así como la importancia de los guardabosques para contener la frontera y la fortaleza de las mujeres, llama la atención el entendimiento del problema que se fue dando por parte de los precandidatos.
Para todos es claro que detrás de la deforestación está la criminalidad y su poder económico. Según uno de los candidatos, no son simples campesinos los que promueven la deforestación, pues se requiere un millón de pesos por hectárea deforestada, y en último trimestre de 2025 se deforestaron 36 mil hectáreas ¡36 mil millones de pesos! Más de cien mil millones de pesos en todo el año 2025 —algo así como 25 millones de dólares—. Para eso hay que tener peso económico.
En el tema de la minería ilegal se expusieron, igualmente, los grandes daños ambientales, por el uso de mercurio, plomo y arsénico. Se habló de la exportación ilegal del oro que paradójicamente el gobierno de Estados Unidos es el mayor comprador, así como de otros minerales como el coltán —que según información del diario El Tiempo, desde 2013, las FARC han controlado su extracción ilegal, principalmente en el departamento de Guainía—.
La conclusión es la misma. Más de 17 grupos, incluidas las mal denominadas disidencias, están detrás de la explotación ilegal de todo los que se les presente. Son grupos que, por la condición ilegal de su actividad, requieren lavar sus dineros ya sea impulsando la deforestación, la venta de oro y otros metales.
No hay que buscar la fiebre en las sábanas. Se estima que durante 2025 los ingresos por narcotráfico y venta ilegal de oro sumaron 10 mil millones de dólares, incluso hay estimativos que señalan que está por encima de esta cifra, y hasta se llegó a afirmar que la venta de oro era mayor que la de cocaína. Mal contados son 40 billones de pesos.
Esas son las finanzas de los grupos con los que el gobierno hoy ha sentado a las mesas de negociaciones de paz. Son los mismos que hoy tienen más efectivos que cuando inició el gobierno actual, utilizan tecnología de drones y otras que el ejército no tiene, y cuentan con licencia como gestores de paz.
Paralelamente la defensa del Estado se deteriora, las podas de altos mandos militares son pan de cada año y sus ataques terroristas suman más muertos. Incluso ya se creen Estado con la impartición de juicios que insinúan el arrecimiento del secuestro y no sería nada extraño que pronto volvamos a ver las famosas ley 001 y 002 de las Farc de 1982.
Y son a nuestros militares a los que se les asignará la tarea de defender el medio ambiente. Hay algo que no cuadra en las prioridades de la defensa del medioambiente, que también tiene como consenso el desarrollo sostenible.
Todos coinciden en que falta Estado, y lo grave, como señala acertadamente Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, “Reconstruir a Colombia tomará más de un periodo presidencial”, y peor aún si continúa la toma comunista.