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La destitución del alcalde Gustavo Petro, por el procurador General de la Nación con base en el Código Disciplinario generó un tsunami de opinión que desafortunadamente, sin orientación, afecta seriamente el orden institucional.
Esto tiene explicación: el tribunal mediático ha victimizado a Petro, y las salidas desafortunadas de funcionarios de alto rango como el ministro de Justicia, Gómez Méndez y el Fiscal General de la Nación, doctor Montealegre, pusieron en jaque al Código Disciplinario, la administración de justicia y la institucionalidad en general. Desconocen el principio general de derecho: La ley es dura pero es la ley.
No nos digamos mentiras, desde Jiménez de Quesada hasta el presente, Petro ha sido el peor alcalde de Bogotá, impreparado, megalómano, mesiánico y prepotente, su gestión representa para la capital atraso y costos inconmensurables.
Poseído de un mamertismo social concentrado puso 'patas arriba' la administración distrital y no fue capaz de conformar un equipo de gobierno estable para la Capital. De ahí que su destitución sea consecuencia de una decisión en ejercicio del control disciplinario a que están sometidos todos los servidores públicos, independientemente de su origen así sea este de elección popular puesto que ésta no puede convertirse en patente de corso para evadirlo. (Lea: ¿Petro llama a la insurreción en Bogotá?)
Las declaraciones del ministro de Justicia al cuestionar la sanción por el origen político del cargo resultaron desatinadas contra el orden institucional y oportunistas olvidando que él había sido procurador General de la Nación y que en su gestión en la Fiscalía, en contrario a derecho, aplicó dos clases de Derecho Penal para un mismo caso, peligrosista contra Hugo Escobar, quién era solamente testigo en el caso de Dragacol, y garantista para los otros involucrados en el caso como el actual ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas quién como ordenador negoció y firmó la famosa Conciliación, la historia dará su veredicto.
Al fiscal general no le queda bien hacer valoraciones ex ante sobre el proceso disciplinario o sobre la actuación del procurador en este caso, puesto que al prejuzgar se inhabilita en el caso de una investigación.
Las actuaciones de estos señores, sumadas a las de unos genios de los medios masivos, han dado lugar a este real despelote. Petro, salido de sí, se equiparó con Gaitán para declararse perseguido por la oligarquía y promover una insurrección general. De otra parte, puso contra los palos al presidente al decir que si no lo apoyaba incondicionalmente, no era amigo de la paz.
Para rematar el tsunami se proyectó allende las fronteras, el representante de las Naciones Unidas en Colombia Todd Howland anunció que pedirá explicaciones a la Procuraduría sobre los alcances del fallo contra Petro, y por su parte Kevin Whitaker, el anunciado nuevo embajador de los Estados Unidos y quien no tiene aprobación para el cargo por el Senado Norteamericano, hizo eco de las arengas de Petro para afirmar que el fallo atentaba contra las conversaciones de paz, ¡Vea usted! (Lea: El alcalde de Bogotá es destituido por 15 años)
El debate ha traído como consecuencia la discusión sobre una reforma a la administración de justicia y al orden disciplinario. La primera es esencial, lo segundo no tanto aunque todo es susceptible de mejorar. Queda un interrogante en el tintero: ¿Por qué no se ha arma tierrero cuando los supremos magistrados de la Corte, con sesgo prevaricador, desconocen pruebas legitimas certificadas, como las evidencias contra las Farc en el caso de la muerte de Raúl Reyes y sí acogen únicamente testimonios de asesinos confesos como ‘pitirre’ para condenar inocentes?