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Mientras el Gobierno celebra su “soberanía alimentaria”, los hogares colombianos pagan los platos rotos de la improvisación. La inflación de alimentos se mantiene por encima del promedio nacional y los productores rurales enfrentan el alza de insumos, la inseguridad y la falta de estímulos. Lo que el Gobierno llama justicia agraria, el campo lo siente como incertidumbre. Lo que presentan como redistribución, en la práctica se traduce en menor productividad y más dependencia del exterior.
Un país que importa lo que antes producía
El artículo 65 de la Constitución es inequívoco: el Estado debe proteger la producción de alimentos y priorizar el desarrollo rural. Sin embargo, hoy Colombia se aleja de ese mandato. En vez de fortalecer la capacidad productiva, se ha optado por un modelo que confunde política agraria con política ideológica.
Según la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), el país importa más de 14 millones de toneladas de alimentos anuales. En paralelo, los costos de producción y transporte han crecido más del 30 % en tres años. El resultado: la mesa de los colombianos se encarece, el productor pierde rentabilidad y el discurso oficial se vuelve una excusa a la economía de dirección y control centralizado.
Zappas y Appas: planificación desde el escritorio
El Gobierno pretende ahora implementar las Zonas Agroalimentarias Populares (Zappas y Appas), mecanismos de “planificación” que concentran en el Estado la decisión de qué, cómo y dónde producir. Una política vertical que ignora la diversidad del territorio y la libertad empresarial, violentando la autonomía municipal.
Detrás de ese proyecto se esconde un riesgo estructural: el reemplazo de la economía productiva por una economía dirigida. El campo no se gobierna con decretos, sino con confianza, infraestructura y crédito oportuno. Las Zappas y Appas son la antesala de un modelo donde la productividad cede ante la burocracia.
Expropiación administrativa: inseguridad disfrazada de justicia
La propuesta de expropiación administrativa, presentada como herramienta de “justicia agraria”, erosiona la seguridad jurídica. Ningún agricultor va a invertir en tecnificación, riego o mecanización si puede perder su tierra por decisión de un burócrata que declare “improductiva” su parcela.
Ese tipo de instrumentos no fortalecen la producción: la paralizan. Convertir la tierra en botín político es condenar al agro a la improductividad y al país a la dependencia. Sin propiedad segura, no hay crédito; sin crédito, no hay inversión; y sin inversión, no hay alimentos.
El campo no necesita control, necesita libertad
El verdadero problema no es la tierra sino la productividad. El Gobierno ha sustituido la política técnica por la propaganda ideológica. Prefiere planificar desde Bogotá antes que escuchar a quienes conocen el terreno. En lugar de abrir caminos, abre oficinas; en vez de generar confianza, impone controles.
El campo colombiano no pide subsidios: exige reglas claras, infraestructura y respeto a la propiedad. Cada peso gastado en burocracia es un peso menos en riego, investigación o vías terciarias. La seguridad alimentaria no se impone: se cultiva.
Sembrar futuro, no ideología
Colombia necesita un viraje serio, con visión productiva y sentido jurídico. Si el Gobierno insiste en intervenir, expropiar y dirigir, sólo cosechará desconfianza. El derecho a la alimentación —protegido por la Constitución— no se cumple con retórica, sino con producción.
Hoy el plato del colombiano promedio es el espejo del fracaso de la política agraria. Y si el rumbo no cambia, no solo seguiremos pagando más por la comida: estaremos hipotecando el futuro agrícola del país.
El Estado decidió sembrar ideología, cuando lo que el campo necesita es que lo siembren de futuro.
