/?w=256&q=100 "Silverio Jose Herrera")
Estas son las cosas que no deberían pasar, pero están pasando, y lo más grave: con una frecuencia alarmante. En la madrugada del domingo pasado, en la finca Bartolo, jurisdicción de la vereda Santa Fe, municipio de Chinú, un reconocido ganadero fue víctima del hurto de 129 toretes de más de 350 kilos cada uno, un hecho que ha estremecido al gremio ganadero de Córdoba y Sucre. Lo insólito es que el robo solo fue detectado pasadas las ocho de la mañana, cuando se percataron del faltante.
No se trata de buscar culpables ni de ser el abogado del diablo, pero la verdad debe decirse con claridad: la fuerza pública no es la responsable directa de este tipo de hechos. Mientras los productores agropecuarios no adopten medidas mínimas de seguridad dentro de sus predios, el Ejército y la Policía siempre estarán un paso atrás de los delincuentes. Lo ocurrido evidencia la existencia de una estructura criminal organizada, un verdadero cartel del abigeato que opera con inteligencia, logística y coordinación, actuando con precisión quirúrgica.
Nadie se lleva 129 toretes sin una planificación meticulosa. Detrás de estos robos hay roles definidos: quien identifica los hatos, quien hace inteligencia sobre los movimientos en el predio, quien monitorea la presencia o ausencia de la fuerza pública, quien estudia las vías de acceso, los horarios de control, los embarcaderos disponibles y las rutas más seguras para movilizar el ganado sin ser detectados. Este tipo de operación no se improvisa, se ejecuta con la certeza de que el terreno está despejado y que los delincuentes no encontrarán resistencia alguna.
Y ahí surge la gran pregunta: ¿qué está pasando? ¿Quiénes, además de los bandidos, son los responsables? Porque, en efecto, no basta con culpar a “la vaca”. Existe una corresponsabilidad que no puede seguir ignorándose.
Desde el punto de vista institucional, es innegable el compromiso de las autoridades. El Señor Brigadier General Jorge Eduardo Arias Rojas, Comandante de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, junto al Señor Teniente Coronel Jair González Martínez, Comandante del Batallón Junín, han dispuesto diferentes estrategias para contener la delincuencia rural, con patrullajes, controles y presencia activa en los corredores ganaderos. A su vez, la Seccional de Carabineros de Córdoba, bajo la dirección del Intendente Jefe (e) Humberto Ortiz, ha desplegado un trabajo permanente, mediante recorridos motorizados y patrullajes de a caballo, fortaleciendo la presencia policial en las zonas más vulnerables.
Sin embargo, hay una verdad que los ganaderos deben asumir con madurez: la seguridad inicia y termina dentro del propio predio. Ninguna institución puede custodiar cada finca las 24 horas. Es el propietario, administrador o arrendador quien debe conocer a fondo su entorno laboral: saber quiénes trabajan, verificar antecedentes, controlar los movimientos internos del ganado y mantener registros precisos de las entradas y salidas de animales. No es lógico ni aceptable que un hurto de semejante magnitud pase inadvertido durante tantas horas.
El gremio ganadero, especialmente en Córdoba y Sucre, debe entender que el abigeato ya no es un delito menor ni una simple fechoría campesina. Hoy estamos ante grupos organizados que actúan como verdaderas empresas criminales, con redes de comercialización, intermediarios, transportadores y falsificadores de documentos. Su capacidad logística les permite mover ganado robado por varios departamentos sin que existan controles eficaces.
Por eso, más que indignarse después de los hechos, es hora de actuar en corresponsabilidad. Se necesita fortalecer los frentes solidarios de seguridad y paz, integrando al gremio con la fuerza pública, los alcaldes y las secretarías de gobierno. Las cámaras, los cercos eléctricos, el registro fotográfico del ganado, los chips de trazabilidad y los sistemas de alerta temprana deben dejar de ser un lujo para convertirse en herramientas básicas de protección.
El cartel del abigeato no puede seguir ganando terreno a la indiferencia y al desorden interno. Cada robo no solo representa una pérdida económica: es un golpe moral, un atentado contra la confianza, la inversión y el desarrollo rural.
A la hora se encuentran las Unidades Militares y Policiales de Sucre y Córdoba realizando operaciones de registro y control en las diferentes vías, siendo fiel al compromiso de generar cada día mayor seguridad en el área de su jurisdicción. Hoy, más que nunca, el mensaje debe ser uno solo: la seguridad rural no es un favor, es una responsabilidad compartida. La fuerza pública está haciendo su parte. Ahora corresponde al productor hacer la suya. Porque la seguridad del campo colombiano no se decreta: se construye desde cada potrero, desde cada finca, con disciplina, prevención y compromiso real.