/?w=256&q=100 "Silverio Herrera")
Hay instituciones que pueden sobrevivir a un mal gobierno. Hay otras que, cuando son capturadas por la política, terminan enfermándose por dentro hasta que los números comienzan a gritar lo que durante años muchos prefirieron callar.
El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, parece estar llegando a ese punto.
Y conviene decirlo sin eufemismos: el problema del ICA no nació con su actual directora ni se explica por el título profesional de quien acaba de asumir el cargo. El problema viene de mucho más atrás y tiene una raíz que Colombia conoce demasiado bien: la utilización política de las instituciones públicas.
El ICA no es cualquier entidad estatal. De su funcionamiento depende buena parte de la sanidad animal y vegetal del país, la prevención y control de enfermedades y plagas, la protección de la producción agropecuaria y la posibilidad de que Colombia pueda mantener y ampliar sus mercados nacionales e internacionales.
Cuando una institución de esa naturaleza se deteriora, el daño no queda encerrado en una oficina de Bogotá.
Llega a la finca.
Llega al establo.
Llega al cultivo.
Llega al frigorífico.
Llega al puerto.
Y termina llegando a la mesa de los colombianos.
Por eso resultan tan preocupantes los indicadores financieros conocidos.
En 2023, el ICA registraba un capital de trabajo positivo de aproximadamente $39.640 millones. Desde 2024 la situación cambió y el indicador pasó a terreno negativo, hasta llegar a $21.237 millones negativos en mayo de 2026.
Pero el dato que verdaderamente debería estremecer al país es otro.
El resultado operacional de la entidad lleva varios años en números rojos: $246.752 millones negativos en 2023, $369.121 millones negativos en 2024 y $367.726 millones negativos en 2025. En los primeros cinco meses de 2026, el déficit operacional ya alcanzaba $141.462 millones negativos.
Y existe una cifra que parece escrita para explicar por sí sola el desastre: en mayo, por cada peso que el ICA generó operacionalmente, gastó $6,24.
Eso no es una anécdota administrativa.
Eso es una alarma.
Eso exige explicaciones.
Y exige, además, que dejemos de discutir el problema como si se tratara de una simple pelea por el nombramiento de un funcionario.
Porque cuando una entidad estratégica presenta semejante deterioro, la pregunta no puede ser únicamente quién llega a la dirección.
La pregunta debe ser: ¿Quiénes la administraron, qué decisiones tomaron, cuánto costaron esas decisiones y por qué permitieron que llegara hasta aquí?
Durante los últimos años se han conocido señalamientos sobre la existencia de acuerdos políticos alrededor del manejo del ICA y sobre la influencia de sectores partidistas en la dirección de la entidad. También se han planteado cuestionamientos acerca de relaciones políticas y presuntas presiones en algunas de sus estructuras territoriales.
Es necesario hacer una precisión elemental: un señalamiento no es una sentencia y una denuncia no constituye por sí misma una responsabilidad judicial. Corresponde a los organismos competentes establecer si hubo irregularidades, quiénes serían responsables y qué consecuencias jurídicas podrían derivarse.
Pero una cosa es la responsabilidad penal o disciplinaria y otra, muy distinta, es la responsabilidad política y administrativa por haber permitido que una institución pública se deteriorara.
Los estados financieros no tienen partido político.
Los déficits no votan.
Los balances no hacen campaña.
Las cifras simplemente muestran lo que ocurrió.
Y lo que muestran es suficientemente grave como para exigir una revisión profunda.
Aquí aparece el verdadero fracaso de una concepción política que durante años redujo al sector agropecuario a una colección de discursos electorales.
Colombia habla de los campesinos en campaña. Abraza al ganadero cuando necesita votos. Promete defender al agricultor. Se fotografía en las parcelas. Habla de soberanía alimentaria, productividad y desarrollo rural.
Pero cuando llega la hora de administrar las instituciones que deben hacer posible todo eso, aparece la vieja política del “a quién le toca, qué cargo corresponde y a quién se debe nombrar”.
Ahí comienza la tragedia.
Porque el campo no puede ser administrado con la lógica de una casa política.
Un instituto sanitario necesita técnicos, investigadores, veterinarios, agrónomos, profesionales especializados, administradores capaces y funcionarios escogidos por mérito. Necesita continuidad institucional y decisiones basadas en evidencia.
No necesita cuotas.
No necesita padrinos.
No necesita caciques.
Y mucho menos necesita que su estructura sea utilizada como moneda de cambio en las negociaciones políticas.
El sector agropecuario colombiano ha sido demasiado importante para recibir durante décadas un tratamiento tan poco serio.
Mientras el productor enfrenta enfermedades animales, restricciones sanitarias, contrabando, dificultades para exportar, costos elevados, inseguridad rural, falta de infraestructura y mercados inciertos, el Estado no puede darse el lujo de convertir su autoridad sanitaria en un botín burocrático.
Por eso resulta profundamente contradictorio que ahora algunos sectores políticos levanten la voz para cuestionar el nombramiento de la nueva directora del ICA, Lina Garrido, incluso alrededor de su formación profesional, cuando no mostraron la misma energía para reclamar explicaciones frente al deterioro financiero y operacional que hoy dejan las cifras.
La meritocracia no puede convertirse en una bandera que se iza únicamente cuando gobierna el adversario.
Si el título importa, que importe siempre.
Si la experiencia importa, que se exija siempre.
Si la idoneidad importa, que sea una regla universal.
Y si la transparencia importa, entonces hay que revisar hasta el último peso.
El ICA no necesita cambiar de dueño político. Necesita dejar de tener dueño político.
Ese debe ser el punto de partida.
El Gobierno tiene la obligación de abrir las ventanas, levantar las alfombras y mirar qué ocurrió. No para iniciar una cacería política, sino para establecer la verdad administrativa y financiera. Auditorías, controles, indicadores de gestión, revisión contractual, evaluación del gasto y responsabilidades, si las hubiere.
Porque sería un error monumental reemplazar una estructura política por otra.
El país no necesita el ICA de un partido.
Necesita el ICA de Colombia.
Una institución capaz de mirar al productor a los ojos y decirle que el Estado está de su lado. Una entidad cuya prioridad sea impedir que una enfermedad destruya un hato, que una plaga arrase un cultivo o que una falla sanitaria cierre mercados internacionales.
El campo colombiano produce alimentos.
Produce empleo.
Produce riqueza.
Produce exportaciones.
Produce vida.
Y merece instituciones a la altura de esa responsabilidad.
Por eso, cuando una entidad como el ICA llega a una situación financiera y operacional como la que reflejan sus propios números, no basta con cambiar un gerente, nombrar a otro director o protagonizar una nueva pelea partidista.
Hay que preguntarse algo mucho más incómodo:
¿Cuántas instituciones más están siendo administradas para servir a la política y no al país?
Porque ese es el verdadero problema.
La politiquería no siempre destruye las instituciones de un día para otro. A veces lo hace lentamente: primero llega el favor político; después, el nombramiento; luego, la cuota burocrática; más tarde, el silencio frente a los malos resultados. Finalmente aparecen los déficits, la pérdida de capacidad institucional y una entidad que ya no responde como debería.
Cuando los números finalmente hablan, los políticos suelen descubrir que nadie recuerda quién firmó el nombramiento.
Pero el país sí recuerda quién terminó pagando las consecuencias.
El ICA no quebró por la ausencia de un título universitario. El ICA llegó a esta situación porque durante demasiado tiempo el Estado permitió que una institución estratégica para el campo fuera tratada con la lógica de un fortín político.
Y cuando la política reemplaza al mérito, cuando la cuota desplaza a la competencia y cuando el interés electoral termina por encima de la misión institucional, no solo se destruye una entidad.
Se enferma el Estado.
Y esta vez, el virus llegó hasta el campo colombiano.
